Todo se hizo mal para nueva construcción:
Si bien en la actualidad el representante legal del Consorcio La Caleta (RUC 20552256302) es Juan Carlos Torrejón Vara; sin embargo, quién realizó todas las investigaciones con su presencia en las oficinas del gobierno regional, fue Carlos Antonio Orellana Vidaurre, dicha persona, en la actualidad está suspendido y no puede contratar con el Estado.
Orellana Vidaurre es propietario de la empresa COLESI CONTRATISTAS S.A., una de las integrantes del Consorcio La Caleta y según las informaciones de OSCE, cuenta con procesos de colusión y falsificación de documentos y que está prohibido de contratar con el Estado, a pesar de ello, el Consorcio La Caleta cobró la suma de S/. 8’556,159.60, tal como lo indica el portal Transparencia Económica.
En el 2019, cobró S/. 4’600,251.81. En el 2020 cobró S/. 3’066,834.54, y en el 2021 S/. 889,674.17.
La primera cifra corresponde a la primera pretensión del laudo arbitral por haber presentado los informes del 1 al 3 en la elaboración del expediente técnico.
La segunda suma corresponde a la segunda pretensión de S/. 1’533,417.27, que corresponde al informe 4, y una cifra similar que corresponde al informe 5.
La tercera cifra corresponde a los S/. 814,487.81 de gastos financieros y S/. 70,725.50 de un reembolso asumido por el consorcio, por el 50% de gastos de incumplimiento del gobierno regional.
Los S/. 8 millones y medio cobrados por el consorcio corresponden al laudo arbitral perdido por el gobierno regional.
Las otras empresas que forman parte del Consorcio La Caleta son Riva Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú, Cárdenas Mayta Antonio e Ingenierios, Tecnología Industrial y Nacional S.A. Tecnasa y Aidhos Arquitec y José Hernando Vigo Moromisato Arquitecto.