CORRUPCIÓN
Durante la semana que pasó en las ediciones del 08, 09 y 10 del presente, es decir, desde el miércoles hasta el sábado hemos publicado informaciones sobre el Hospital La Caleta dando cuenta de todo lo que ocurrió desde el año 2013 en adelante cuando el Gobernador Regional de entonces César Álvarez Aguilar, decidió la construcción de dicha infraestructura, pero con mecanismos fuera de la legalidad y con la única intención de favorecer sus apetitos personales. Ha pasado una década y lo único que se hizo fue un expediente técnico mal elaborado porque empezó a trabajarse teniendo como sede el lugar donde hoy se encuentra el Hospital y en menos de un año se cambió el objetivo porque decidieron que se iba a construir en otro lugar (Dos de Mayo) pero no se identificó el terreno, no se sabía en qué lugar exacto se iba a construir y por lo tanto el perfil de inversión aprobado desde el 2009 sencillamente no servía. A pesar de todas las irregularidades, el Consorcio La Caleta integrado por empresas fuleras y tramposas participó en esa licitación internacional realizada por la famosa OEI, donde solo intervino una empresa que lógicamente fue la ganadora. Esa empresa fue la que finalmente modificó hasta en tres oportunidades el expediente de acuerdo a como ordenaba el jerarca regional y tal como señala la carpeta fiscal N° 3106015500-2019-62-0 el Consorcio acudió al arbitraje porque hubo colusión, es decir acuerdo entre las partes y eso ocurrió en el año 2014, el arbitraje se hizo realidad en el 2016 y cuando ya no estaba Álvarez y en el 2019, ese arbitraje que había perdido el Gobierno Regional se pagó estando Juan Carlos Morillo en la gestión. Álvarez ya estaba en el penal, pero por otros motivos y ahora Morillo también está en el penal. Ese sinuoso recorrido nos muestra la verdadera cara de la corrupción en nuestra Región y que difícilmente los responsables, es decir, los autores intelectuales vayan a ser sancionados. La carpeta fiscal señala a dos acusados, el gerente de infraestructura de entonces del Gobierno Regional (2013) y como cómplice primario al representante legal del Consorcio que fue el que firmó el contrato con el Gobierno Regional. Los que idearon la trama nunca serán investigados, ni juzgados.
FISCALÍA
El trabajo de aquí en adelante le corresponde al Ministerio Público que ha pasado la etapa de la investigación preparatoria y que a estas alturas debe haber solicitado las audiencias para las acusaciones respectiva y si no ha concluido con las investigaciones debe pedir que estas se amplíen por lo complejo del caso y por el tiempo que ha pasado. Lo cierto es que han cobrado 8’500,000 de soles, y si bien hay un expediente técnico que se actualizó este tiene serias observaciones y que la empresa no ha querido levantarlas a pesar que se les había pagado. Legalmente se les pagó el primer expediente que hicieron y por eso decidieron el arbitraje, la Fiscalía no se equivoca a señalar que había colusión entre las partes. El asunto es que a estas alturas una década después no tenemos nada, lo único que existe es que compraron el terreno en el 2019 y que se pagó un expediente técnico que no servía y que el futuro sigue siendo negro y oscuro para el denominado “Hospital de los Pobres”. Solo la voluntad política del Gobierno Regional podrá decidir qué hacer de aquí en adelante y lógicamente se espera que el Ministerio Publico y el Procurador del Gobierno Regional actué contra esa trama corrupta que estuvo instalada por años al interior de la sede Vichay.
EMERGENCIA
Lamentablemente desde hace más de 3 días las inclementes lluvias que caen en los contrafuertes andinos de nuestra jurisdicción han golpeado infraestructuras como la carretera Panamericana Norte a la altura de Casma interrumpiendo el tráfico en ambos sentidos. Las primeras versiones señalan que se iniciará acciones legales contra la empresa que tiene la concesión del corredor vial 4 porque son ellos los responsables de lo que ha sucedido con el Puente Sechín. Ha sido el propio Gobernador quien ha pedido las investigaciones del caso y ayer con la presencia de la Ministra de Transportes Paola Lazarte se supone que el asunto será encaminado y solucionado porque esa altura resulta incomprensible que un puente de esa naturaleza no haya sido construido como debe ser, habiendo tenido el tiempo necesario y que ahora si definitivamente ha sido desperdiciado.