PRINCIPIO DE AUTORIDAD
Por fin después de mucho tiempo tenemos noticias saludables, pues la Municipalidad de Nuevo Chimbote, a través de sus respectivas dependencias está realizando operativos recuperando áreas públicas, como ha ocurrido en la manzana B’ de Cáceres Aramayo, donde ha demolido infraestructuras que estaban en la vía pública. También han anunciado que está en trámite la resolución de seguridad ciudadana para desalojar al restaurante Rico Chimbote, que está ubicado desde hace más de cuarenta años ocupando la vía pública. “El espacio no le pertenece, pero lo ocupa, e incluso ha judicializado el asunto. Su vivienda está a un costado y el señor se posesionó de un área pública”, dijo un funcionario edil. Están esperando los procedimientos para realizar el desalojo. Aquí en esta columna, en los últimos doce meses hemos tratado el particular caso del restaurante Rico Chimbote, y señalábamos que era una falta total de autoridad por parte de la municipalidad en sus diferentes gestiones, incluso, hubo alcaldes en doble gestión, pero ninguno optó por recuperar las áreas públicas. Hay muchos ejemplos, incluso aquí recordamos que en las esquinas de la avenida Pacífico y la avenida Pelícano, hay un espacio público que ahora está ocupado y donde han puesto un negocio, en aproximadamente unos dos mil metros cuadrados. Cuando el sujeto usurpador recibió la notificación, pues la municipalidad iba a ir con su maquinaria pesada a derrumbar los muros, puso una cautelar, que un juez “muy voluntarioso” le dio luz verde y el alcalde de turno, arrugó. Esas bravuconadas son las que han impedido ese principio de autoridad que deben tener los gobiernos locales, por esa razón, esperamos que pronto ese principio de autoridad se recupere cuando se desaloje Rico Chimbote, pues no puede permanecer en un lugar que es área pública. Es más, dentro de la urbanización Santa Cristina también hay otros lugares que también están ocupados y que definitivamente deben retirarlos.
CHINECAS E INVASORES
Seguiremos ocupándonos de Chinecas, a raíz de las denuncias que se han realizado por parte de posesionarios contra un empleado y un trabajador del propio proyecto que actúan de manera matonezca y con sujetos que parecen delincuentes intentan desalojarlo. Definitivamente que esta trama que han denunciado en los últimos días es solo la punta del iceberg de todo lo que sucede al interior de las tierras de Chinecas y lógicamente es producto de la falta de autoridad existente sobre la propiedad de la tierra. Más del 70% de los terrenos de Chinecas están invadidos, los posesionarios actuales no tienen el título de propiedad y lamentablemente ha pasado más de una década, desde que el proyecto pasó al gobierno regional y la situación se agravó. Y es más, ahora existe un agravante más, pues apareció la comunidad indígena, que atribuyéndose la propiedad de la tierra, empezó a vender terrenos de Chinecas. Se puede encontrar hectáreas de terreno vendidas por los indígenas, en la zona de La Carbonera y nadie la ha puesto cascabel al gato. No conocemos decisiones políticas, hasta la semana pasada sobre procesos firmes para tratar el tema de las invasiones. Es cierto que hubo desalojos en Tortugas y determinados puntos de la pampa de Atahualpa, pero eso no es suficiente, porque los invasores se mantienen firmes, y difícilmente darán pasos atrás.
VACUNAGE
Otro ex presidente de la república esta denunciado. Ayer la fiscal de la Nación Patricia Benavides ha presentado la denuncia constitucional contra Martín Vizcarra por el caso denominado Vacunagate, por la irregular vacunación de funcionarios públicos. Están involucrados en este caso 487 funcionarios públicos entre ellos Martín Vizcarra y Pilar Mazzeti ex Ministra de Salud. Ello se beneficiaron con aquellas 3,200 dosis de Sinopharm que estuvieron fuera del ensayo clínico que realizaba la Universidad Cayetano Heredia. El caso es de negociación, adquisición, distribución e inoculación de vacunas contra la COVID-19.