Ya han pasado más de 60 días:
- Procuraduría Anticorrupción del Santa presentó denuncia el 1 de marzo y aún no se emite ninguna disposición, después de 60 días.
- Se trata de investigación a exalcalde de Conchucos y funcionarios que cambiaron a tesorera que se oponía, para pagar a proveedor.
La denuncia presentada por el Procurador Publico Anticorrupción del Distrito Judicial del Santa, Richard Asmat Urcia, ante la Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción, en nuestra Provincia, el pasado 01 marzo del presente, sobre los hechos sucedidos en la Municipalidad Provincial de Conchucos sobre el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de 04 centros poblados, hasta el momento no tiene respuesta a pesar de haber transcurrido más de 60 días.
Debemos recordar que nuestro Diario publicó el caso ocurrido en la Municipalidad Distrital de Conchucos a fines de enero después que la Contraloría General de la República emitiera el informe auditoria N°30497-2022-CG/GRAN-AC donde daban a conocer que funcionarios, incluyendo el alcalde de dicha municipalidad distrital habrían originado un perjuicio contra el estado por más de 2 millones de soles en una obra de saneamiento de 04 centros poblados de la zona.
El procurador presentó la denuncia donde incluyó a 07 funcionarios entre ellos el alcalde del periodo 2019 – 2022 de la Municipalidad de Conchucos y, además, al representante del contratista denominado Consorcio Redentor.
Los funcionarios implicados en la denuncia por delitos de colusión son: el alcalde de entonces Teófilo Miranda Blas, el Gerente Municipal Luis Abram Uchpa Arellano, el gerente de infraestructura Rolando Ortiz Zavaleta, el jefe de asesoría jurídica Víctor Herrera Morales, el sub gerente de tesorería Omar Nique Alfaro, el responsable del manejo de las cuentas bancarias Kevin Rodríguez Rodríguez y el representante del Consorcio Redentor José Terrones Chafloque.
La obra que consistía en dotar el sistema integral de agua y alcantarillado de los caseríos y centros poblador de Quirobamaba, Maraypampa, Cedro, Monte Grande, nunca se ejecutó y la buena pro la ganó el Consorcio Redentor y el monto de inversión era S/. 13’586,082.00. El perjuicio para el estado fue de S/ 2’345,741.00.
Ocurre que los funcionarios y el alcalde se coludieron con el contratista para la devolución de una carta fianza de más de 1 millón de soles.
La denuncia del procurador señala que postula el ilícito penal de colusión, pero los mismos pueden adecuarse a otros tipos penales con el devenir de la investigación que va a realizar el Ministerio Publico, titular de la acción penal y será quien tipifique los hechos a los denunciados.
La denuncia presentada por el procurador hasta el momento no ha sido respondida, no han notificado la disposición fiscal de inicio de las diligencias preliminares. Según el código procesal penal el computo del plazo para una investigación preliminar se cuenta desde que el fiscal tiene conocimientos de los hechos, es decir, desde los primeros días del mes de marzo.
Si el fiscal iniciara hoy las diligencias preliminares ya no tendría 08 meses, si lo declarara complejo para investigar sino menos tiempo. Es responsabilidad del fiscal que tiene a cargo esa investigación. Desde la procuraduría nos informaron que hasta el momento no los han notificado.
La situación es preocupante porque, así como ocurre con este caso de Conchucos, sucede lo mismo en otros casos y por no cumplir con el plazo de ley para las investigaciones preliminares la Procuraduría ha recurrido en un centenar de oportunidades ante el juez de investigación preparatoria vía audiencias de control de plazo y al 100% han declarado fundado los pedidos de la procuraduría obligando a los fiscales a que se pronuncien.
La reacción en el Ministerio Publico es que el Fiscal Coordinador queja al Procurador de nuestra jurisdicción ante la Procuraduría General del Estado lo que origina un sinfín de informes de descargos.
Lo único cierto es que la denuncia sobre el caso Conchucos duerme en sueños de los justos en el Ministerio Publico.