Según informe de Contraloría
Mediante el Informe N° 004-2017-2-5332, la Contraloría General de la República recomienda a la Procuraduría Pública, encargada de los asuntos judiciales del Gobierno Regional de Ancash para que inicie acciones legales a doce funcionarios y servidores involucrados en los hechos irregulares cometidos en el proyecto de inversión pública: Mejoramiento de la carretera Musho, Tumpa, Huaypan del distrito de Mancos en la provincia de Yungay.
Los hechos ocurrieron entre el año 2010 y 2013 en el gobierno regional de Ancash, y los funcionarios comprendidos presuntamente en hechos de ilícitos penales son: Luis Alberto Díaz Vilca, Elizabeth Altamirano Ponce, Leoncio Mauricio Chu, Manuel Paúcar Obregón, Germán Martínez Cisneros, Roger Vásquez Vela, Beder Rosales Norabuena, Ivonne Bayona Guio, Guillermo Bustamente Vásquez, Joptan Sanchez Andrade, William Mendoza Santillán y Heber Obregón Flor.
Según el informe de Contraloría, estos funcionarios viabilizaron el proyecto de inversión pública totalmente inconsistente en relación al tiempo de ejecución. Además, contrataron al Consorcio ejecutor que no presentó la totalidad de la documentación para suscribir el contrato.
Asimismo, direccionaron el proceso de selección para contratar a un consorcio supervisor que elaboró el perfil, suscribiendo el contrato fuera de plazo, lo que ocasionó el pago de mayores gastos generales al ejecutor y, además, pago en exceso a la supervisión. El perjuicio económico al gobierno regional de Ancash fue por S/. 555,257 soles.
Según el informe de Contraloría, Luis Alberto Díaz Vilca, subgerente de liquidación de obras y supervisión y, además Miembro Titular del Comité Especial AD HOC del Proceso de selección del concurso público, elaboró términos de referencia con estructura de costo sin sustento técnico, autorizó pago de valorizaciones trasgrediendo funciones establecidas en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Elizabeth Altamirano Ponce, Segundo Miembro Titular del Comité AD HOC del proceso de selección, modificó términos de referencia de la obra saldo de supervisión.
Leoncio Mauricio Chu, gerente de administración entre los años 2010-2014, trasgredió funciones en ejecución de presupuesto, en tesorería y contabilidad. Tiene responsabilidades administrativas y penales.
Manuel Paucar Obregón, director de asesoría jurídica entre el 2011-2013, dio conformidad al contrato de elaboración del expediente técnico, y tiene responsabilidades penales y administrativas.
Por su parte, Germán Martínez Cisneros, gerente de infraestructura entre los años 2012-2014, suscribió el contrato del expediente técnico sin advertir que no tenía la autorización de asesoría jurídica.
Por otro lado, Heber Obregón Flor planteó 18 meses de ejecución de obra sin considerar metrados, costos y estudios de pre inversión. Los doce funcionarios de aquellos años en el gobierno regional de Ancash, deben de ser denunciados por la Procuraduría del Gobierno Regional a las instancias respectivas del Ministerio Público.