Debe empezar Procuraduría Pública:
Un grupo de 21 funcionarios del Gobierno Regional de Ancash, y además, César Joaquín Álvarez Aguilar están comprometidos en responsabilidades penales en la reconstrucción y rehabilitación de los servicios educativos de la Institución Educativa N°86643 Santo Toribio, del Distrito de Cascapara, en la Provincia de Yungay, según lo señala el Informe de la Contraloría General de la República N°005-2017-2-5332.
Indica dicho informe que las actividades irregulares en esta obra fueron la aprobación del expediente técnico y los procesos de selección para ejecutar la obra y la supervisión.
También contravinieron la normativa existente de las contrataciones del estado en la ejecución contractual recepción y liquidación de obras, que afectaron el correcto funcionamiento de la administración pública, y no se cumplieron con las metas del proyecto en el tiempo y la calidad programada, el perjuicio para el Gobierno Regional de Áncash fue de S/. 620, 656.71. Dicha obra, señala el informe, tuvo como inversión la cifra de S/. 3, 124 254.00, y se ejecutó entre los años 2012 y 2015 contraviniendo todas las normativas legales vigentes.
El responsable principal, según la Contraloría, es César Joaquín Álvarez Aguilar, con responsabilidades identificadas penalmente. Además, se encuentran incluidos en este caso los siguientes funcionarios: Wilberth Silva Aguilar, William Mendoza Santillán, Seydi Alva Plasencia, los 3 están involucrados en responsabilidades penales y administrativas.
Además, están involucrados Leopoldo Guardia del Águila, Guillermo Bustamante Vásquez, Luis Alberto Díaz Vilca, Segundo Novoa Miranda, Antonio Glandel Ramírez, Germán Martínez Cisneros, Ivone Bayona Guio y Cecilia Tinoco Usua.
Además, Alex Silva Alvarado, Roger Vásquez Vela, Roder Pajuelo Fernández, Luis Rosales Álamo, Alberto Díaz Ríos, Luis León Pinedo, Leoncio Mauricio Chu, Fernando Barberena Gonzales, Karen Otiniano Villanueva y Manuel Paucar Obregon. La Contraloría pone de conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales del Gobierno Regional de Ancash para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y servidores señalados en el informe.
Se le recomienda al Gobernador Regional de Ancash que disponga las accione administraciones para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores comprendidos en el informe, teniendo en cuenta su inconducta funcional.
Y, además, recomienda la implementación de una normativa interna que establezcan controles internos con responsables definidos para los procesos de contratación de bienes y servicios, de tal manera que las obras se realicen en estricto cumplimiento a la normativa vigente.
Finalmente recomienda implementar una directiva para el control de procesos en la asignación presupuestal para las contrataciones de bienes y servicios y ejecuciones de las obras; con el propósito de asegurar que se cuente con disponibilidad presupuestal desde el proceso de selección hasta la finalización de la ejecución de la obra y/o servicio.
El informe de la Contraloría data del 2017 pero ha sido dado a conocer el último viernes.