EQUIPOS TECNICOS
Tal como se ha informado, estuvieron en Chimbote equipos técnicos del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) y del Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) y realizaron mesas de trabajo con diferentes alcaldes que no se encuentran en la jurisdicción de Seda Chimbote, con la finalidad de destrabar las obras de saneamiento de sus respectivas jurisdicciones. Sin duda que, la presencia de equipos técnicos de los ministerios favorece enormemente para darle viabilidad y destrabar las inversiones públicas, que por ejemplo en el tema de saneamiento tienen carácter de urgencia, por esta razón, desde estas páginas, hemos insistido en la presencia de este tipo de técnicos para concretar las obras que tanto faltan. En el caso de saneamiento, hay distritos como el de Santa, que tienen serios problemas y que solo van a solucionarlo si cuenta con una EPS, es decir, asociándose a Seda Chimbote. Los equipos técnicos de los ministerios tienen que llegar a nuestra ciudad, por gestión de los interesados, en este caso de los gobiernos locales. Si no hay gestión, definitivamente no hay forma de tenerlos aquí. Por ejemplo, aquí nunca llegaron los equipos técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas que si llegaron a Huaraz. Aquí se les necesita de urgencia, porque tenemos municipios con mucho presupuesto y que ejecutan muy poco. No sabemos en qué momento llegarán a esta jurisdicción y se debe entender que cuando mencionamos “jurisdicción”, nos referimos a la Subregión El Pacífico, es decir, cuatro provincias cuyos técnicos necesitan capacitación. Las gerencias de Infraestructura de los gobiernos locales, tienen que estar integradas por profesionales imbuidos en la gestión pública y se necesita ese tipo de técnicos.
INFORMES
En el lapso de las últimas dos semanas, la Contraloría General de la República ha dado a conocer dos informes que involucran casos ocurridos en el Gobierno Regional de Ancash, entre los años 2012 y 2015; es decir, en pleno gobierno de César Álvarez Aguilar. Incluso, en el último informe tiene como responsable principal a Álvarez Aguilar, hoy preso en Challapalca. Estos dos casos se refieren a infraestructura de un colegio y de un camino carrozable, donde están involucrados una treintena de funcionarios; todos con responsabilidad penal. Los dos casos corresponden a la provincia de Yungay, y donde los funcionarios del gobierno regional no han tomado en cuenta las normativas de la Ley de contrataciones del estado, evadieron toda la legalidad vigente para favorecer a terceros, hicieron tabla rasa de las normas. No les importó en absoluto, sino favorecer a las empresas que ganaban el curso público de licitación, por arte de magia. En el segundo informe, llamó la atención la presencia de Álvarez, porque son pocos los casos donde se encuentra involucrado y más nos llama la atención que se haga público en estas fechas, es decir, seis años después de haberse realizado el control. Entendemos que, a estas alturas, el Procurador del Gobierno Regional ya debe haberlos denunciado, pero varios de esos funcionarios siguen trabajando en otros gobiernos locales como si nada hubiese ocurrido, es decir, en su hoja de vida no hay antecedentes. Se entiende que son casos complejos y que tienen una serie de complicaciones que han conllevado a la Contraloría a demorar las investigaciones que se iniciaron en el 2017. Lo cierto es que los informes son muy amplios y el tratamiento lógicamente demora, y por eso, hoy conocemos con mayor detalle todo lo que ocurrió en aquella época cuando no se respetaba la ley en el Gobierno Regional. Nos preguntamos: ¿cuántos casos similares más habrá, que aún no se conoce?.
ESCUELA DE POLICIAS
El Ministerio Público está obligado a intervenir para deslindar responsabilidades sobre los hechos ocurridos en la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional del Perú de Chimbote. Ocurre que se presentaron 173 postulantes para titularse como Suboficiales de la PNP de diferentes escuelas, especialmente del norte del país, pero resulta que, de esos 173 postulantes, 88 tenían documentaciones que no coincidían con las certificaciones oficiales de las escuelas que habían estudiado. Es decir, las notas de las escuelas donde habían estudiado y fueron solicitadas por la Escuela de Suboficiales de Chimbote, eran distintas a las que los 88 habían presentado. En otras palabras, eran certificados falsos y eso es lo que tiene que investigar el Ministerio Público. Se puede aceptar que, en un concurso de esta naturaleza, se encuentren certificados que no coinciden, pero ¿88?, es una cifra en exceso llamativa y significa que hay delitos contra la Fé pública que deben ser denunciados por la autoridad competente, en este caso el Ministerio Público, que debe intervenir de oficio.