En varias de nuestras ediciones hemos dado a conocer acerca de la labor de inspección realizada en varios establecimientos de servicio público de la ciudad de Chimbote. Solamente en el transcurso de la semana anterior, son más de quince los establecimientos dedicados al expendio de comidas y bebidas que han sido sancionados por haber incurrido en faltas contra la salud como es el uso de productos vencidos y la falta de higiene en la preparación de los alimentos. Entre ellos figuran los conocidos restaurantes Mar y Luna, Venecia y Barrunto, lo mismo que las panaderías Don Lolo y Tony, a los que se ha aplicado multas que oscilan entre 1 y el 10 por ciento de una UIT.
Como bien lo disponen las normas y reglamentos correspondientes, estos operativos han estado a cargo de personal de la municipalidad provincial del Santa, Red de Salud Pacífico Norte, Policía Nacional y Fiscalía de Prevención del Delito.
Para el común de la ciudadanía este es un buen mensaje. La sanción a estos establecimientos transmite la tranquilidad de saber que las autoridades están cumpliendo su deber de proteger la salud del público consumidor.
Pero también en estas mismas páginas hemos dado cuenta de numerosas obras públicas que se encuentran paralizadas, pero no por falta de presupuesto ni mucho menos sino debido a una serie de vicios e irregularidades que todavía imperan en nuestra desprestigiada gestión pública.
Una de ellas es la avenida Costanera, que debió concluirse a más tardar en diciembre del año pasado. Paralizada y cayéndose a pedazos como se encuentra, se calcula que esta obra representa un daño que supera los 40 millones de soles. Otra obra, igualmente paralizada y colapsada, es la construcción de las redes de agua y desagüe del centro poblado de Vinzos, cuyo presupuesto es de 10 millones de soles. En la misma situación se encuentra la carretera de ingreso al centro poblado Cascajal, donde está en grave riesgo un presupuesto que supera los 3.5 millones de soles.
Si a eso sumamos el caso del hospital El Progreso, con 72 millones de soles en riesgo, y el hospital de San Jacinto, con 53 millones de soles en la misma situación, nos damos con la ingrata realidad de saber que la mala gestión de autoridades y funcionarios públicos ha ocasionado a Chimbote y al erario nacional un daño que, solo en estas cinco obras, tranquilamente supera los 200 millones de soles. Y esto no es ninguna falsa alarma. Todo está debidamente documentado en sendos informes elaborados pacientemente por la Contraloría General de la República.
Aquí también el común de la gente se pregunta ¿qué hace la Fiscalía de Prevención del Delito frente a estas graves irregularidades?. Se estima que la responsabilidad alcanza no solamente a las empresas contratistas. En igual condición están las autoridades y funcionarios que aprobaron expedientes técnicos mal elaborados y festinaron trámites para adjudicar las obras.
Tan importante como sancionar la mala preparación de un cebiche, es sancionar la mala ejecución de obras cuya paralización le cuesta mucho dinero al estado y afecta el nivel de vida a miles de pobladores. Da la impresión que la vara que utiliza la Fiscalía de Prevención del Delito para investigar y acusar a malos funcionarios públicos, no es la misma que utiliza para acusar y sancionar al dueño de un restaurante.