Destapes que dicen mucho:
Imposible poder negarlo. Igual que la mujer del César, los magistrados y todo el personal que labora en las diversas dependencias del Poder Judicial, están en la obligación legal y moral no solo de poseer una conducta honesta e intachable, sino también de demostrarlo. Pues como diría Santo Tomás, hay que ver para creer.
Empero, más de los días vemos que al interior de este poder del estado se producen incontables ocurrencias de hechos que traen por los suelos el principio de honestidad y transparencia. Como ya es común en la mayoría de instituciones e instancias del aparato estatal, en este organismo jurisdiccional también se cuecen habas.
En efecto, todo parece indicar que al interior del omnipotente Poder Judicial, el bicho de la corrupción y el tráfico de influencias también estaría socavando en forma inexorable las estructuras y la consistencia de la institución. El reciente escándalo protagonizado por la red criminal Los Cuellos Blancos, así parece confirmarlo.
Aún con todo, existe otro hecho igualmente real, que nos lleva a esta conclusión. Cada año superan el millar las quejas documentadas que litigantes de todo el país presentan contra magistrados y empleados del Poder Judicial. Estos reclamos tienen como argumento común la inconducta funcional por parte de estos servidores del estado, en el desarrollo de sendos procesos judiciales. Los casos van desde personas que son despojadas arbitrariamente de sus bienes, pasa por funcionarios corruptos que terminan siendo absueltos de toda culpabilidad e incluye a delincuentes confesos que ganan fácilmente la libertad.
A esta compulsiva inconducta, que ya es proverbial, acaba de sumarse la queja que varias personas han presentado contra el desarrollo y los resultados del concurso CAS convocado recientemente por la Corte Superior de Justicia del Santa. Y cuando el río suena, es porque piedras trae.
De acuerdo con la queja presentada por estas personas, cuya copia obra en nuestro poder, en dicho concurso se habría producido casos de favoritismo y nepotismo a favor de concursantes estrechamente ligados a funcionarios que actualmente laboran en este organismo jurisdiccional. Todo ello, a pesar que las bases del concurso prohíben que los participantes tengan vínculo de parentesco hasta cuatro grado de consanguinidad y segundo de afinidad con magistrados y trabajadores de la institución.
Lamentablemente, muchos de éstos últimos creen que los cargos públicos son parte de su patrimonio familiar y también pieza clave para llevar a cabo el tráfico de influencias y el intercambio de favores. Por la salud moral de la Corte y el Poder Judicial, es de esperar que la OCMA resuelva y aclare cuanto antes esta enojosa situación.