De 31 solo 2 califican:
En un informe con inocultable connotación dramática presentado ante el peno del Consejo Regional de Ancash, la directora Regional de Educación, Nancy Dolores Anaya, ha expuesto una realidad que, no obstante ser de amplio dominio público, no por ello ha dejado de causar una enorme decepción y vergüenza ajena en la población estudiantil.
De los 31 institutos y escuelas superiores del Estado que existen en la región Ancash, tan solamente dos de estas instituciones han obtenido su respectivo licenciamiento. Ellos son los institutos pedagógicos de Yungay y Chimbote. Los 29 restantes tendrán que seguir luchando, no se sabe cuánto tiempo, para alcanzar esta preciada calificación. Por lo tanto, su futuro prosigue siendo incierto.
En realidad, para el común de los ancashinos, el informe dado a conocer por la titular de la DREA no es ninguna novedad. Es una situación antigua y ampliamente conocida que refleja, con la exactitud de una radiografía, los resultados de la gestión que realiza el gobierno regional en materia educativa.
No es cierto, al menos en el caso de Ancash, que la educación sea una tarea prioritaria. Para el gobierno regional, lo único prioritario son las obras millonarias de ladrillo y cemento. Solo cuando necesitan darse un baño de popularidad y ganar titulares en los medios de comunicación, las autoridades regionales acuden al estribillo “nuestra prioridad es la salud y la educación”. Ni bien termina el discurso y los aplausos, se olvidan de sus propias palabras. Lo que sucede con el Politécnico Nacional del Santa y el colegio Santo Domingo de Guzmán de Tauca, lo dice todo.
De ahí que los institutos y las escuelas superiores de la región, vivan de espaldas a la realidad y literalmente funcionen en otro mundo. La razón por la que 29 de ellos aún no logran su licenciamiento es la deficiencia de la que adolecen en una serie de aspectos básicos e insustituibles. Entre ellos: infraestructura y equipamiento, gestión académica e institucional. Asimismo plana docente, capacidad de investigación y servicios complementarios. Uno de los exponentes de esta cruda realidad es el Instituto Carlos Salazar Romero. ¿Qué alternativa se le puede ofrecer a los jóvenes que desean seguir una carrera técnica?.
Aún cuando pertenece a otro status jurisdiccional, no está demás traer a colación el caso de la Escuela Técnica Superior de Policía. Solo después que se habló de su cierre definitivo, recién se escucharon algunas voces de protesta, pero también recién se pudo conocer toda la verdad. Por casi 20 años, la escuela viene funcionando en un local alquilado, que no supera los 500 metros cuadrados.
De acuerdo con el reglamento de estos centros de enseñanza, el local tiene que ser propio y tener un mínimo de 5 hectáreas, es decir 50 mil metros cuadrados. Solo así la Escuela de Policía podría cumplir con las exigencias básicas de contar con al menos 5 pabellones de aulas, dormitorios, comedores, pista atlética, campos deportivos, centro de salud y otras instalaciones elementales de las que ahora carece.
Es posible que éstas y otras cosas, igual de lacerantes, hayan quedado en el teclado de la directora Regional de Educación. Pero con lo que ha dicho, basta para enrostrar a las autoridades del gobierno regional la dramática realidad por la que atraviesa la educación técnica superior de Ancash. Una realidad que nadie sabe cuándo va a cambiar. Para ponerse a llorar.