Ley de invasores de Chinecas:
Según el código que utilizan los delincuentes para amedrentar a sus víctimas y advertirles acerca del peligro que corren si no aceptan sus exigencias, el envío de casquillos de bala no es otra cosa que una tajante amenaza de muerte, algo así como decir “si no haces lo que digo, te mato”. Esta especie de ultimátum, totalmente delincuencial e inaceptable, no está para restarle ninguna importancia. Por el contrario, es motivo más que suficiente para que las autoridades, tanto de la Policía Nacional como del Ministerio Público, adopten a tiempo las medidas pertinentes.
Con mayor razón, si esta delincuencial y grave amenaza viene de parte de los invasores del Proyecto Especial Chinecas, un grupo de gente que parece estar dispuesta a todo, pero aún así, pareciera que las autoridades responsables de salvaguardar el orden público y el estado de derecho, tienen hacia ellos un trato más bien muy condescendiente.
Como hemos dado cuenta en nuestra edición de ayer, un grupo de estos invasores ha colocado dos casquillos de bala en una de las compuertas del canal Chimbote-Nepeña, en lo que constituye a todas luces un mensaje bastante claro y contundente. En vista que los trabajadores del proyecto Chinecas suelen asegurar las compuertas con cadenas y candados para evitar que los invasores roben el agua durante las noches, éstos últimos no han tenido mejor idea para seguir haciendo de las suyas que amenazar de muerte a los vigilantes del proyecto.
Sabido es que desde hace más de veinte años, esta práctica se ha institucionalizado en el proyecto de irrigación. Pues en tanto no sean propietarios formales de las tierras que vienen usurpando, los invasores no pueden (y tampoco quieren) tener acceso a la captación formal del recurso hídrico; ello porque simple y llanamente no están dispuestos a pagar ni un sol por este servicio. Como están acostumbrados, todo lo quieren de bajada.
Sin embargo, este robo sistemático e indiscriminado deja sin su respectiva dotación de agua a otros agricultores que si han pagado la tierra que ocupan y que además cancelan puntualmente el agua que consumen.
Es lamentable que esta amenaza delincuencial se produzca no solamente en momentos en que la agencia estatal Pro Inversión está a punto de seleccionar a la empresa que se encargará de elaborar el estudio de factibilidad del proyecto de irrigación Chinecas. También se produce cuando al interior del Congreso de la República se ha instalado una comisión multipartidaria encargada de concretar la voluntad política que se requiere para impulsar la ejecución del proyecto.
Precisamente, de acuerdo con el convenio suscrito entre Pro Inversión y el gobierno regional de Ancash para la elaboración del estudio de factibilidad, una de las obligaciones contractuales de éste último es solucionar sí o sí el problema de los invasores. Se calcula en alrededor de 15 mil el número de hectáreas de propiedad de Chinecas, que están en poder de estas personas.
De ahí que las represalias y las amenazas de los invasores dicen mucho de lo que son capaces de hacer para mantener estas gollerías. Por lo tanto, estas amenazas tienen que ser objeto de la más inmediata reacción por parte de los responsables directos e indirectos de salvaguardar el orden. Bajo ningún concepto, se puede permitir que el proyecto de irrigación Chinecas siga siendo tierra de nadie, donde impere la ley “el agua, o la vida”.