Luego de dos días de reuniones de especialistas nacionales e internacionales culminó la Conferencia Anual Internacional por la Integridad (CAII) 2023 denominada “Frenando la corrupción: Estrategias colaborativas de investigación y sistemas de sanción”, y entre sus conclusiones se determinó que el uso de la inteligencia artificial (IA) es crucial para la lucha anticorrupción, ya que en el caso del Perú se pudo identificar a casi 2200 proveedores que pactaron contratos con el Estado por más de S/ 584 millones pese a estar impedidos de hacerlo por tener vínculos con altos funcionarios públicos.
Los expertos de la CAII 2023 consideran que, en materia de estrategias colaborativas de investigación, el uso de la IA está revolucionando el control gubernamental a nivel mundial. Es así que las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) vienen adaptándose a estos cambios tecnológicos e innovadores para supervisar con eficacia y eficiencia los distintos programas gubernamentales.
En el caso de la Contraloría General de la República (CGR) del Perú, el uso de los avances tecnológicos como la Inteligencia Artificial, Big Data, Machine Learning y el Data Analytics, permite realizar auditorías de forma masiva. Como consecuencia de ello y en uso de aplicativos informáticos, el máximo ente del Sistema Nacional de Control identificó cerca de 2200 proveedores que contrataron con el Estado por más de S/ 584 millones pese a encontrarse impedidos de hacerlo por tener vínculos de consanguinidad y afinidad con altos funcionarios del Estado.
También se detectaron cerca de 700 personas que trabajan en el Estado pese a estar inhabilitados para ejercer la función pública. “Esto es solo una muestra del potencial que tienen las nuevas líneas de tecnología en el mundo y que se vienen aplicando ya en la Contraloría General del Perú”, acotó la Contraloría.
Otra conclusión de la CAII 2023 es que en las contrataciones públicas es donde se producen, con mayor frecuencia, los actos de corrupción y ello tiene un alto impacto negativo en términos económicos y sociales. En el caso de la Contraloría del Perú, se está evaluando el desempeño de los proveedores del Estado con ayuda de la Inteligencia Artificial y el próximo año se presentará el Índice de Riesgos de Inversión, como parte del Índice de la Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) 2023.
Durante la CAII 2023 se concluyó que, dentro de la lucha anticorrupción, es indispensable que la ciudadanía tenga la certeza de que quien infringe la ley será sancionado y que no habrá impunidad. Por ello, los especialistas consideran que la potestad sancionadora es la primera línea de defensa en la buena administración pública y si las sanciones son ejemplares, es muy difícil que acontezca un hecho de impunidad.
También se enfatizó que el sistema sancionador administrativo se fortalece y se vuelve más eficaz en la medida que las sanciones impuestas a los responsables de un hecho de corrupción son mayores e innegociables.
En ese sentido, la aplicación de sanciones administrativas enfrenta diversos retos como la falta de recursos financieros, técnicos y humanos. A ello debe sumarse que cuando se hable de corrupción en el Estado, también es relevante mencionar la importancia de promover la integridad y la ética en la gestión pública.