Por: Fernando Zambrano / Analista Político
Soy institucionalista y defiendo el estado de derecho en el país, es por ello que condeno el accionar de la Junta Nacional de Justicia al suspender a la Fiscal de la Nación Patricia Benavides, trasgrediendo principios y garantías constitucionales. Por su indebido accionar deberán ser destituidos, inhabilitados y procesados en su oportunidad.
Sin embargo, no por ello dejo de cuestionar el que la fiscal Patricia Benavides, en su pleito interno con el gobierno, haya interpuesto una apresurada denuncia constitucional contra Dina Boluarte y Alberto Otárola, abriendo de esta manera la puerta para que miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, sean procesados por actos cometidos en defensa del principio de autoridad y el orden constitucional.
Esta torpe medida alimentará el voraz apetito de los caviares por miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales, que no hicieron otra cosa que defendernos de las turbas violentistas que, como en Juliaca, pretendieron tomar por asalto el aeropuerto, en acto tipificado como terrorismo. Nuevamente tendremos a terroristas victimizados y a defensores del estado de derecho y el orden público, como los villanos.
En el caso de la denuncia constitucional contra Dina Boluarte y Alberto Otárola, considero que no será aprobada por el Congreso de la República, con lo cual podrían quedar bien librados de la misma. ¿Pero qué sucederá con los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú?
Por cierto, también considero torpe la estrategia del gobierno para destituir a Patricia Benavides, por las investigaciones al hermano de Dina Boluarte y las supuestas contrataciones irregulares de amistades de Alberto Otárola. En este escenario, también era previsible que cualquier denuncia constitucional contra la presidente y su premier no iba a prosperar en el Congreso de la República. La falta de cálculo político es evidente.
El poder mediático de aquella prensa embarrada en el caso Lava Jato también aprovechó la oportunidad para blindarse, ante la posibilidad que se revelaran los mafiosos convenios de colaboración con los cuales obtuvieron impunidad. Por la misma razón, sus fiscales mediáticos también se sumaron al ataque a Patricia Benavides.
En fin, tal parece que Dina Boluarte, Alberto Otárola y Patricia Benavides, no evaluaron bien las consecuencias de sus acciones, y terminaron favoreciendo a los “caviares” que se encontraban en los estertores de su existencia. Como buenas aves de rapiña, no desaprovecharon la oportunidad para reactivarse, porque huelen la muerte mejor que cualquier gallinazo limeño. No son otra cosa que antropófagos políticos, que practican el canibalismo rentado contra las fuerzas del orden.
La pregunta es, ¿qué hará el Congreso de la República? ¿Se mantendrá al margen, como si ellos no fueran parte del problema? Si no actúan de inmediato, deteniendo esta barbarie política, pronto las fuerzas que están retomando el control de la Fiscalía de la Nación, tocarán sus puertas para extorsionarlos y para entonces será demasiado tarde para reaccionar.
El Congreso de la República tiene la palabra.