Por gracia de ley electoral:
En el momento en que inscribió su candidatura para participar en las elecciones regionales y municipales del 2014, el ex gobernador regional Waldo Ríos Salcedo ya se encontraba en calidad de procesado por la Corte Superior de Justicia de Ancash. Mientras fue alcalde de la municipalidad provincial de Huaraz entre los años 1999 y 2000, Waldo Ríos Salcedo fue denunciado penalmente por del delito de colusión, debido a las irregularidades halladas en la obra de electrificación de la avenida Raimondi, que causó un perjuicio económico de varios millones de soles en agravio del estado.
A pesar de esta gran hazaña, las autoridades del Jurado Especial de Huaraz no tuvieron el menor reparo en permitir, con todas las de la ley, la participación de Waldo Ríos Salcedo en el referido proceso electoral. Para nuestra legislación electoral, mientras un candidato no haya sido sentenciado, tiene las puertas abiertas para postular a cualquier cargo o función pública. Merced a esta inmerecida ventaja, Waldo Ríos Salcedo ganó las elecciones en segunda vuelta valiéndose de la perversa promesa de regalar 500 soles mensuales a las familias de extrema pobreza. Más inhumanidad, jamás.
Sus días de alucinado emperador terminarían el 28 de setiembre del 2016, cuando fue sentenciado a cinco años de prisión efectiva que paralelamente conllevaron a su destitución del cargo de gobernador regional. Veinte años antes, mientras ejercía el cargo de congresista de la república, se salvó de ser procesado tras haber recibido dinero en efectivo de manos de Vladimiro Montesinos, en la famosa salita del SIN, para votar a favor de la re-reelección de Alberto Fujimori.
Más o menos lo mismo sucedió en las elecciones regionales de octubre del 2018. No obstante haber ocultado una sentencia por violencia familiar que le impedía ser candidato, Juan Carlos Morillo Ulloa logró inscribir su candidatura para postular al gobierno regional de Ancash. Como sucedió con Waldo Ríos, también Juan Carlos Morillo logró ser elegido en segunda gracias a la ceguera de nuestra legislación electoral, iniciando su gestión el 1° de enero del 2019.
Tras la intervención de un equipo especial de fiscales enviados desde Lima, el 1° de diciembre del 2020 Juan Carlos Morillo Ulloa fue a parar con sus huesos a la cárcel de Huaraz, acusado de haber malversado 10 millones de soles en la construcción de ambientes para pacientes con covid-19 en el Hospital Regional de Chimbote. Ni las víctimas de la pandemia se salvaron de las garras de la corrupción.
Como si todo esto no fuera suficiente, lo que viene sucediendo con el alcalde del distrito de Huandoval, Pedro León Paredes Tadey, ha puesto de manifiesto hasta qué punto los filtros de la ley electoral son una verdadera coladera. Cualquiera puede hacer de ellas una alfombra voladora, un espacio donde la fantasía supera largamente a la realidad.
Pese a encontrarse prófugo de la justicia, Pedro Paredes consiguió que las autoridades electorales le permitieran participar en las elecciones municipales del 2022 en representación del movimiento regional El Maicito. Pero ahí no queda todo. Después de ser declarado ganador y de recibir su credencial a través de terceros, Pedro Paredes Tadey tuvo el privilegio de juramentar el cargo desde la clandestinidad y la desfachatez de seguir ostentándolo desde esa subterránea condición.
Situaciones como éstas nos llevan a preguntarnos qué tan constructivas y positivas para la marcha del país pueden ser las leyes electorales. Mientras sigamos eligiendo autoridades inelegibles, casos como los que hemos señalado amenazan seguir destruyendo la nación.