La Contraloría General de la República no ha observado el estudio de suelos que se encuentra en el expediente técnico de la futura obra del colegio Politécnico Nacional del Santa.
El último control estuvo referido a las empresas que integraron los consorcios que participaron en la licitación del contratista ejecutor.
Como se recuerda, el contratista ganador fue el Consorcio Bellamar, integrado por la empresa Digemaco SAC y Corporación Andina Yiret EIRL. El otorgamiento de la buena pro de ese concurso fue anulado, a raíz de las observaciones de la Contraloría a los integrantes de ese Consorcio.
Resulta que, en las últimas horas, circuló una versión por parte del Consejero Regional Alexander Peláez, donde da a conocer un estudio de suelos que difiere y pone en tela de juicio el que se encuentra en el expediente técnico y que la Contraloría no observó.
Como se recuerda, el expediente técnico también fue revisado por profesionales que asesoraban a las autoridades del colegio Politécnico y que eran conocedores, no solo de la actual reglamentación de contratación con el Estado, sino también profesionales técnicos con conocimiento de los procesos constructivos.
El consejero regional muestra un estudio que seguramente el contrató, de tal manera que, pone en tela de juicio los estudios de suelos que se habían realizado. Si él no contrató a la empresa Geolab, entonces es un estudio de parte, es decir, de algún interesado, es decir, de algún integrante del Consorcio Bellamar y así como el consejero especula, aquí también vamos a especular porque se trata de una inversión pública que todos queremos que se realice y bien.
La Contraloría General de la República hizo público un informe donde estaba de por medio una de las empresas del consorcio Bellamar, como es Corporación Andina Yiret EIRL y ha sido precisamente ese informe el que determinó la decisión de la Subregión Pacifico para anular la buena pro.
En el ámbito de las inversiones públicas y fundamentalmente de las empresas constructoras en nuestra región, se conocen las afinidades y, en ese sentido, el consejero denunciante tiene vínculos con esta empresa, pues es evidente que está de por medio Corporación Andina Yiret.
La guerra de los contratistas ha empezado y hace muchísimo rato, pues las informaciones sesgadas y que, usualmente se transmiten en las redes sociales, son como el pan de cada día y la mayoría de ellas tienen de por medio a las empresas que no recibieron las adjudicaciones.
Si la Corporación Andina Yiret no terminó en buenas condiciones, la obra del colegio Pedro Pablo Atusparia en Yanac, Corongo; es su absoluta responsabilidad, como también es su absoluta responsabilidad el haber cambiado de nombre y no de RUC hace una década, cuando era la favorita del entonces gobernador de turno César Álvarez Aguilar. Esa experiencia quedó grabada en el RUC 20541653156 y hoy la suma en la experiencia que utiliza para presentarse, en cuanta licitación pública, existe.
La información de SUNAT en ese sentido es clara y directa porque refiere que la empresa inicialmente se denominaba Berea Contratistas Generales EIRL y después del 2016, siempre con el mismo RUC, cambió a Corporación Andina Yiret EIRL. Hoy en día hay contadores públicos que aconsejan de esa manera a sus empresas para sacarle la vuelta a la ética.
Las transparencias deben empezar por ahí y no enlodar proyectos que ya pasaron el filtro de la Contraloría General de la República, utilizando una serie de argumentos que no encajan con la realidad y mucho más si son instrumentos de parte, lógicamente interesados. (El Editor)