Por: Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político
El comportamiento que atenta contra las fuerzas del orden no solo es un delito, sino que también carece de protección constitucional como un derecho o libertad. El amparo constitucional se limita a las protestas pacíficas, siempre que quienes participan en ellas comprendan que su derecho a expresarse termina donde comienza el derecho de los demás. Esta distinción es crucial en una sociedad que busca mantener el orden y la convivencia pacífica.
Atacar o agredir a miembros de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas es absolutamente inaceptable y debe ser tratado con la máxima severidad. Según el Ministerio del Interior, en Perú, se han registrado más de 1,500 agresiones a policías durante el año pasado, lo que refleja un alarmante aumento en la violencia contra quienes velan por nuestra seguridad. Este tipo de ataques no solo pone en riesgo la vida de los agentes, sino que también socava la confianza pública en nuestras instituciones.
La seguridad y el respeto hacia aquellos que protegen el orden público son pilares fundamentales para el correcto funcionamiento de nuestra sociedad. Sin un respaldo adecuado a nuestras fuerzas del orden, se erosiona la confianza en el sistema y se pone en riesgo la convivencia pacífica. En este contexto, es imperativo que jueces y fiscales reconozcan la gravedad de estas acciones. Aquellos que no comprendan la importancia de sancionar adecuadamente estos delitos deben ser destituidos de sus funciones, ya que su falta de entendimiento socava la justicia y debilita el respeto por las instituciones.
A nivel internacional, varios países han establecido legislaciones que refuerzan la protección de sus fuerzas del orden frente a agresiones. En España el Código Penal tipifica como delito el atentado contra la autoridad y sus agentes, estableciendo penas privativas de libertad para quienes acometan a funcionarios públicos mientras ejercen sus funciones. Esta legislación busca proteger a los agentes del orden y garantizar su capacidad para cumplir con sus deberes sin temor a represalias.
En muchos estados de los Estados Unidos de Norteamérica, las leyes permiten el uso de fuerza letal por parte de los agentes del orden si consideran que su vida o la vida de otros está en peligro. Esta doctrina del “uso razonable” establece un marco legal que protege a los policías al actuar en defensa propia o en defensa de otros.
Chile establece sanciones severas para quienes agredan a Carabineros durante el ejercicio de sus funciones, reflejando un compromiso con la seguridad pública y el respeto hacia las fuerzas del orden.
Estas legislaciones demuestran un consenso global sobre la necesidad de proteger a quienes arriesgan su vida para mantener la paz y el orden social. En Perú, es fundamental implementar medidas similares que fortalezcan el marco legal existente y aseguren que cualquier ataque contra nuestras fuerzas del orden sea objeto de una condena rigurosa.
La protección de nuestras fuerzas del orden es esencial para mantener la paz y la seguridad en nuestra comunidad. Cualquier ataque contra ellas debe ser tratado con la más estricta severidad, reflejando nuestro compromiso con un estado de derecho sólido. Es fundamental que se establezcan protocolos claros para sancionar adecuadamente estos delitos y que se garantice una formación adecuada para jueces y fiscales sobre la importancia de estas cuestiones.
La sociedad civil también tiene un papel crucial en esta lucha. Debemos fomentar una cultura de respeto hacia nuestras instituciones y reconocer el sacrificio diario de aquellos que trabajan incansablemente para protegernos. Solo así podremos construir un entorno donde tanto los ciudadanos como las fuerzas del orden puedan coexistir en paz y armonía.
En conclusión, es hora de actuar con firmeza ante cualquier agresión hacia nuestras fuerzas del orden. La justicia debe prevalecer y aquellos que amenazan nuestra seguridad deben enfrentar las consecuencias legales correspondientes. La defensa de quienes arriesgan su vida por nuestra seguridad es un deber ineludible para cualquier sociedad democrática.