Por: Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político
Nuevamente, la llamada “izquierda caviar”, respaldada por sus operadores mediáticos, lanza un ataque contra el Congreso de la República, ante su frustración por no lograr la vacancia de la presidenta Dina Boluarte. En esta ocasión, intentan imponer en la opinión pública la fantasía de una supuesta red de proxenetismo dentro del Congreso, con el objetivo de desacreditar a funcionarios de carrera y encubrir las fechorías de algunos congresistas. Esta estrategia revela no solo una falta de responsabilidad política, sino también un intento desesperado por desviar la atención de sus propias contradicciones y errores.
En este contexto, surge una pregunta crucial: ¿qué responsabilidad recae en el Oficial Mayor y otros funcionarios de carrera del Congreso de la República ante las supuestas irregularidades cometidas por ciertos individuos y, potencialmente, por algunos congresistas o bancadas?
El Oficial Mayor, un funcionario de carrera con más de treinta años de experiencia en el Poder Legislativo, enfrenta un desafío monumental al dirigir una oficina compuesta por 130 gerentes, muchos de ellos con un perfil profesional limitado. Este cargo exige no solo experiencia, sino también una gran fortaleza, ya que el Oficial Mayor a menudo se convierte en el “fusible” que explota para encubrir las acciones cuestionables de los congresistas.
Es fundamental reconocer la complejidad del rol del cargo de Oficial Mayor y la responsabilidad que conlleva, especialmente en un entorno político tan desafiante. Por esta razón, es necesario adoptar una postura más equilibrada al proponer sanciones contra los funcionarios del Congreso. No solo se debe considerar la posibilidad de encubrir acciones dudosas de otros, sino también la preocupante tendencia de algunos congresistas a utilizar sus escaños como plataformas para campañas electorales. De manera inexplicable Renovación Popular se suma a este cargamontón. Tal vez en este caso se trate de una reacción política tardía por no haber podido acceder a la mesa directiva, o de una torpe estrategia de campaña. El hecho es que es una tremenda cobardía sentar a funcionarios de carrera en el banquillo para, colocándolos al centro de sus rencillas y odios políticos, responder sobre acusaciones con trasfondo político.
Es indignante que ciertos congresistas se alineen con intereses de la “izquierda caviar” para atacar a funcionarios de carrera en busca de un puñado de votos. Los dedos acusadores deberían mirarse en el espejo antes de criticar a aquellos que han dedicado décadas al servicio público. Los propios congresistas acusadores, que por lo general guardan “cadáveres en el “closet”, se exponen a que éstos salgan a flote en cualquier momento. Este indebido y abusivo accionar de malos congresistas erosiona aún más la institucionalidad del Congreso, para beneplácito de los golpistas de la “izquierda caviar” que pretenden su disolución o la vacancia presidencial.
Respecto al indebido y abusivo accionar de la Comisión de Fiscalización y algunos de sus miembros, considero que ha llegado el momento de censurar al presidente de la comisión de fiscalización. Es evidente que este individuo está utilizando la comisión y los escándalos mediáticos como trampolín para su campaña personal; incluso tiene la desfachatez de colocar una enorme foto suya detrás de la sala de sesiones. Este tipo de comportamiento no solo es poco ético, sino que también socava la credibilidad del propio Congreso.
Como si esto fuera poco, una Fiscalía politizada aprovecha la ocasión para arremeter nuevamente contra el Congreso y sus miembros. Sin embargo, cuando se trata de bandas criminales o extorsionadores, el camino hacia su liberación queda despejado. Esta doble moral y politización son evidentes en sus acciones. La capacidad sancionadora debe ser utilizada con responsabilidad y no como un instrumento político para desviar la atención de los propios errores.
En conclusión, es imperativo que los congresistas reflexionen sobre su papel y las implicaciones de sus acciones. La búsqueda de votos no debería estar por encima del compromiso con la ética y la transparencia en el servicio público. Solo así podremos comenzar a sanar las heridas que dividen a nuestra institución legislativa y restaurar la confianza pública en ella.
La cuerda, como en todo acto de cobardía, nuevamente se intenta romper por el lado más débil.