Por: Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político
El denominado Caso Cocteles, que por años mantuvo en vilo a la opinión pública, ha llegado a su fin. Y no como algunos esperaban, con la confirmación de las acusaciones que involucraron a Keiko Fujimori y a Fuerza Popular, sino con la más rotunda de las derrotas para quienes impulsaron esta investigación: la anulación del juicio oral por parte del Poder Judicial, en cumplimiento con lo resuelto por el Tribunal Constitucional. El veredicto ratificado, que da una “patada en sus cuatro letras” a los fiscales Pérez y Vela, así como al Procurador, cierra de manera definitiva un capítulo de persecución política sistemática que se cobró injustamente la libertad de Keiko Fujimori en tres ocasiones.
El Caso Cocteles no fue, como se pretendió hacer creer, una investigación legítima sobre crímenes de alto calibre. Fue, desde sus inicios, un proceso lleno de fallos erráticos, vicios procesales y acusaciones sin sustento. Las pruebas que se presentaron a lo largo de los años no lograron sostenerse ante los tribunales superiores, incluidos el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. La acusación de organización criminal, lavado de activos y otros delitos se derrumbó al carecer de una base sólida y coherente, tal como quedó reflejado en los fallos judiciales más recientes.
El argumento que expone el Poder Judicial: “Si el caso de José Chlimper Ackermann ha sido anulado, ello afecta la base fáctica y jurídica de las acusaciones”. Y es que la estructura misma del proceso judicial estaba construida alrededor de la implicación de dicho acusado injustamente, cuya vinculación no pudo sostenerse ni a nivel fáctico ni jurídico. El Tribunal, al evidenciar la falta de coherencia en las imputaciones, determinó que no se podía continuar con el juicio, dado que los defectos procesales violaban los principios de debido proceso y los derechos fundamentales de los acusados.
Lo verdaderamente alarmante de este proceso es la forma en que se llevó adelante, a pesar de los defectos evidentes en la acusación. No solo se vulneraron derechos fundamentales de los procesados, sino que se permitió que un juicio con tan claros vicios procesales continuara su curso, llegando incluso a dictarse prisiones preventivas contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y al allanamiento del local partidario sin que se garantizara el debido proceso. La decisión de continuar con el juicio a pesar de los defectos evidentes resalta la fragilidad de un sistema judicial que, en ocasiones, parece más preocupado por satisfacer intereses políticos que por velar por la justicia.
Como señala el Tribunal: “Ante vicios procesales absolutos que afectan el juicio oral y los derechos fundamentales previstos en la Constitución, no se puede resolver invocando que no existe norma procesal que lo faculte”. Este es un recordatorio claro de que los jueces tienen la responsabilidad de garantizar el respeto a los derechos fundamentales, no solo aplicar la ley de manera mecánica.
Por años, Keiko Fujimori y Fuerza Popular fueron objeto de una persecución política orquestada por fiscales y jueces que actuaron no con base en pruebas sólidas, sino en ideologías que no tienen cabida en un sistema judicial imparcial. Este caso ejemplifica cómo el poder judicial puede ser manipulado para llevar a cabo una agenda política, poniendo en riesgo no solo la libertad de los involucrados, sino también la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Hoy, la ratificación de la nulidad del juicio oral por parte del Poder Judicial significa el fin de esta persecución. El cierre de este capítulo demuestra la importancia de un sistema judicial que no se deje llevar por presiones externas, sino que se adhiera estrictamente a los principios de justicia y legalidad. Es un paso crucial para restaurar la credibilidad en la justicia peruana.
La anulación del Caso Cocteles debería ser vista no solo como una victoria para Keiko Fujimori y Fuerza Popular, sino como un recordatorio de la importancia de la imparcialidad judicial. La justicia no debe ser utilizada como una herramienta política ni un mecanismo de persecución. A partir de este veredicto, es fundamental que se tomen medidas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. El respeto a los derechos fundamentales, el debido proceso, la presunción de inocencia y la coherencia jurídica deben ser la base de cualquier sistema judicial que aspire a ser justo y legítimo.
Hoy, se cierra un capítulo negro, pero queda la lección: la justicia siempre debe prevalecer sobre los intereses políticos.