La ocupación de los espacios públicos es, sin duda, uno de los problemas más persistentes y difíciles de erradicar en nuestras ciudades. Las calles, veredas, parques y pasajes que deberían ser de libre tránsito para todos los ciudadanos se han convertido, en muchos casos, en extensiones indebidas de viviendas o negocios particulares. Esta situación no solo atenta contra el orden urbano, sino también contra el principio básico de convivencia ciudadana: el respeto por lo que es común.
En las últimas semanas, la Municipalidad Provincial del Santa ha iniciado acciones en la urbanización El Carmen, donde varios vecinos ocuparon pasajes y áreas públicas con construcciones que impedían el libre tránsito. La comuna notificó a los infractores, impuso multas a quienes se mostraron renuentes y ahora se alista para proceder con la demolición de las estructuras levantadas en infracción. Las normas son claras y los plazos se cumplieron; no puede haber sorpresa ni pretexto cuando la autoridad actúa conforme a la ley.
Sin embargo, este no es un caso aislado. Basta recorrer otros sectores de la ciudad para comprobar que la ocupación ilegal de espacios públicos se ha normalizado. En la urbanización 21 de Abril, por ejemplo, en el jirón José Balta exhiben negocios que desde hace años han invadido la vía pública sin que haya una intervención efectiva. Allí el desorden ha ganado terreno, y la tolerancia municipal, voluntaria o no, se ha convertido en cómplice del deterioro urbano.
Es evidente que cuando la autoridad actúa solo por obligación —como en El Carmen, donde se ejecutarán obras públicas y no por convicción o principio, se debilita el respeto ciudadano hacia las normas. No puede haber una vara para unos y otra para otros. La recuperación de los espacios públicos debe ser una política permanente, sostenida y sin excepciones.
La ciudad necesita orden y autoridad, pero también coherencia. Si los espacios públicos son de todos, su defensa no puede depender de circunstancias coyunturales ni de intereses particulares. Las municipalidades están llamadas a ejercer su rol con firmeza, sin mirar a quién afecta, porque solo así se construye una ciudad más justa, habitable y respetuosa del bien común.
Es momento de actuar con decisión y hacer entender que el espacio público no se vende, no se alquila y no se ocupa: se respeta y se protege.