Por: Walter Miguel Quito Revello
En San Jacinto no hace falta esperar Halloween para sentir miedo. Aquí, los fantasmas no usan disfraces: se pasean en moto, con pistola, y te matan cuando quieren. Mientras tanto, los guardianes del orden parecen más bien guardianes del descanso. Los policías más gordos, más lentos y más indiferentes del país se han estacionado en este rincón del valle como si fuera un depósito de descarte institucional. No es obesidad de cuerpo, sino de espíritu: obesos en la manera de trabajar, en la velocidad de reacción, en el sentido del deber. La pereza como uniforme.
La madrugada del 1 de noviembre ironías del calendario dos camionetas policiales ardieron frente a la propia comisaría de San Jacinto. Sí, justo allí, donde se supone que uno debe sentirse protegido. El fuego convirtió las patrullas en chatarra y el humo en metáfora: un retrato del estado actual de la seguridad. Nadie sabe cómo empezó el incendio, pero todos saben cómo terminó: con los vecinos mirando los restos calcinados, los policías cruzados de brazos y el jefe policial preparando su comunicado de “estamos investigando”.
Y cuando uno creía que la realidad ya había tocado fondo, vino el estallido. En la noche del 09 de noviembre, en San Jacinto, delincuentes detonaron un artefacto explosivo en el frontis de una ferretería del barrio Miraflores. Fue un mensaje corto, directo y contundente, de esos que no necesitan firma: “paga o te hacemos volar”. El estallido rompió vidrios, ventanas y cualquier ilusión de tranquilidad. En la prensa se registró como un “caso de extorsión”, aunque aquí todos sabemos que esa palabra ya se volvió paisaje. En San Jacinto, la extorsión no se denuncia: se oye, se huele, se siente. La diferencia entre el fuego de las camionetas y el estallido en la ferretería es solo una: el primero carbonizó metal; el segundo, lo que quedaba de la fe ciudadana. Y, por supuesto, la reacción policial fue igual de heroica que siempre: tomar nota, levantar el acta y prometer una vez más que “se viene investigando”.
El ataque ocurrió a pocos metros de la comisaría, a pasos de un colegio y a kilómetros de cualquier reacción efectiva. Si alguien buscaba mandar un mensaje, lo logró: en San Jacinto, el miedo circula con más libertad que la autoridad.
Y mientras la población duerme con un ojo abierto, el general de Áncash, Ely Vargas, aparece solo para lo de siempre: la foto. La instantánea junto al alcalde sonriente, el apretón de manos, la pose de seguridad simulada. El alcalde, dicho sea de paso, es el único que lo recibe con los brazos abiertos, quizá porque tiene bastante experiencia en eso de las “carpetas abiertas”: una denuncia por corrupción que duerme en algún escritorio fiscal, donde los casos se enfrían más rápido que las camionetas calcinadas.
Pero no siempre fue así. Los vecinos aún recuerdan al comisario Juan Díez, aquel oficial que hace más de una década devolvió la calma a una comunidad aterrada por las extorsiones y los asesinatos. En la puerta de la comisaría siempre había un policía con un fusil en la mano, no para intimidar al ciudadano, sino para recordarle al delincuente que la ley tenía rostro y presencia. La gente entraba sin miedo a poner su denuncia porque sentía que el policía era su amigo, su respaldo. Así se erradicó, al menos por un tiempo, el sicariato y la extorsión que asfixiaban al valle en 2014.
Por eso, esto no es un ataque a la Policía Nacional, sino una denuncia al desorden institucional que castiga a los pueblos olvidados enviándoles a lo peor de su personal: a quienes no quieren estar, a quienes no sienten la camiseta, a quienes confunden el uniforme con un disfraz. San Jacinto no necesita héroes de laboratorio, sino policías de verdad: como los de antes, los que se ganaban el respeto no por el rango, sino por la convicción.
San Jacinto, la tierra donde el fuego arde más rápido que la justicia. Donde se puede incendiar una camioneta policial y el titular se esfuma en menos de un día. Donde los patrulleros no patrullan, las cámaras no graban y los responsables como siempre “se investigan”.
Mientras tanto, el pueblo mira, calla y comenta: Dicen que fue un ajuste de cuentas…, Dicen que fue un mensaje…, Dicen que fue casualidad… Y así seguimos: viviendo de “dicen”, como si el rumor fuera el único informe oficial que todavía funciona.
San Jacinto ya no necesita más comisarías: necesita una institución policial digna, que vuelva a inspirar respeto y no resignación. Porque aquí, cuando el crimen avanza, la ley retrocede. Y cuando la justicia tarda, el fuego siempre llega primero.