La alerta emitida por la Contraloría General de la República sobre el nuevo centro de salud de Chiquián no debería pasar desapercibida. Lo que está en juego no es solo la ejecución de una obra pública, sino la coherencia misma de las políticas de salud en el país. Resulta alarmante que una infraestructura destinada a proteger la vida y el bienestar de la población esté vinculada, desde su origen, a un sistema de alcantarillado colapsado e inoperativo.
El problema revela una falla estructural en la gestión pública. No se trata simplemente de un error técnico o de un imprevisto en la ejecución del proyecto. Las advertencias existían desde el año 2025, cuando tanto la empresa ejecutora como el consorcio supervisor alertaron sobre la inviabilidad del sistema de desagüe. Incluso la empresa minera que financia la obra bajo el mecanismo de obras por impuestos comunicó oportunamente los riesgos. Sin embargo, el Gobierno Regional de Áncash no actuó con la diligencia necesaria.
La consecuencia de esta inacción es grave. Se pretende poner en funcionamiento un centro de salud que descargaría sus aguas residuales en una red que no tiene capacidad para tratarlas, con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales inoperativa y con desagües que terminan vertiéndose sin control al río Pativilca. Esto no solo compromete la calidad del servicio de salud, sino que constituye un riesgo sanitario directo para la población y un atentado contra el medio ambiente.
Es necesario decirlo con claridad: una obra de salud no puede sostenerse sobre un sistema básico deficiente. La infraestructura sanitaria no es un componente accesorio, es parte esencial del funcionamiento de cualquier establecimiento médico. Ignorar esta realidad equivale a construir un hospital sin agua potable o sin electricidad.
A ello se suma otro aspecto preocupante: la falta de previsión en la disponibilidad de terrenos para implementar una solución alternativa. Pese a que en enero de 2026 ya se había recomendado la creación de un sistema independiente de tratamiento de aguas residuales, hasta la fecha no se cuenta con el saneamiento físico legal del terreno necesario. Esta omisión retrasa la elaboración del expediente técnico y pone en riesgo los plazos de ejecución de una obra que ya ha visto incrementado su presupuesto de manera significativa.
El caso de Chiquián refleja un problema recurrente en la gestión pública peruana: la desconexión entre la planificación y la ejecución. Se invierten millones en infraestructura visible, pero se descuidan los sistemas que garantizan su funcionamiento adecuado. El resultado son obras incompletas, ineficientes o, como en este caso, potencialmente peligrosas.
La solución es clara y urgente. No se puede avanzar con la conexión a un sistema colapsado. Se debe priorizar la implementación de un sistema de tratamiento independiente, asegurar los terrenos necesarios y garantizar que el centro de salud opere bajo condiciones seguras. Pero más allá de la solución inmediata, este caso debe servir como una llamada de atención para las autoridades.
La salud pública no admite improvisaciones ni negligencias. Cada decisión que se toma o que se deja de tomar tiene un impacto directo en la vida de las personas. Chiquián no necesita una obra a medias ni una infraestructura que funcione con limitaciones. Necesita un centro de salud digno, seguro y plenamente operativo. Y eso solo será posible si las autoridades asumen su responsabilidad con seriedad y compromiso.