Por: Walter Miguel Quito Revello
No hay institución más llamada a incomodar al poder que un Colegio de Abogados. No para el escándalo, no para la pose, sino para lo esencial: defender el derecho frente a su distorsión. Y hoy, con preocupación, hay que decirlo con claridad: el Colegio de Abogados del Santa está fallando en esa tarea. Mientras el Ministerio Público sobredimensiona imputaciones o fuerza calificaciones jurídicas, mientras el Poder Judicial emite resoluciones que en ocasiones carecen de la debida motivación o reproducen fórmulas vacías, y mientras los defensores públicos del Estado mantiene un silencio que inquieta, el Colegio que debería ser una voz técnica, firme y respetada permanece ausente.
Pero el problema no es solo el silencio. Es la renuncia práctica a su función más importante. El Colegio de Abogados no está para la contemplación. Está para leer, estudiar, analizar y, cuando corresponda, cuestionar. Ese es su verdadero peso institucional: la palabra jurídica autorizada. No la opinión ligera, sino el análisis serio que pone en evidencia errores, excesos o desviaciones en la administración de justicia.
Cuando una resolución judicial vulnera principios básicos, debe decirse. Cuando un requerimiento fiscal se aparta del estándar mínimo de sustento, debe señalarse. Cuando la defensa —pública o privada— no cumple su rol de contradicción efectiva, debe advertirse. No hacerlo no es prudencia. Es omisión.
Particularmente preocupante resulta lo que viene ocurriendo en ciertos espacios de flagrancia, donde la lógica de la inmediatez corre el riesgo de desplazar la lógica del debido proceso. La justicia rápida no puede ser sinónimo de justicia débil. Y si ese desbalance existe, el Colegio de Abogados del Santa no puede mirar al costado.
Porque aquí no se trata de defender a una persona en concreto. Se trata de algo mayor: defender el sistema de justicia como estructura de garantías. Y esa defensa comienza por algo elemental, pero hoy olvidado: la lectura crítica del derecho.
Un Colegio de Abogados que no interpreta, que no cuestiona, que no fija posición frente a los problemas jurídicos de su entorno, es un colegio que pierde relevancia. Se convierte en una institución administrativa, cuando su naturaleza es, esencialmente, intelectual y ética.
El silencio institucional frente a decisiones discutibles no es neutral. Termina inclinando la balanza. Y en materia de justicia, inclinar la balanza por omisión también genera responsabilidad histórica.
Hoy más que nunca, el Colegio de Abogados del Santa debe asumir su rol con contundencia. No desde la confrontación vacía, sino desde la autoridad del conocimiento jurídico. Debe ser capaz de decirle al Ministerio Público cuando se equivoca, al Poder Judicial cuando se aparta de la motivación exigible, y a la propia defensa cuando no está a la altura de su función.
Ese es su deber. Ese es su peso. Esa es su razón de existir. Porque cuando el Colegio calla, no solo pierde voz. Pierde sentido. Y con él, pierde también la justicia.