Los desatinos de la ONPE parecen no tener fin, y lo ocurrido el último domingo no hace más que confirmar una preocupante cadena de errores que golpea directamente la confianza ciudadana en el sistema electoral. La realización de elecciones en mesas que no se instalaron el domingo constituye un hecho grave, no solo por el trastorno generado a miles de electores, sino porque evidencia fallas estructurales en la planificación y ejecución de un proceso clave para la democracia.
Que estos episodios se hayan registrado principalmente en Lima permitió que el país entero fuera testigo de escenas que, en cualquier democracia consolidada, resultarían inaceptables: locales de votación cerrados, ciudadanos esperando durante horas sin información clara y autoridades incapaces de ofrecer respuestas oportunas. Las imágenes difundidas no solo recorrieron el país, sino que también proyectaron al exterior una imagen de desorden e improvisación que afecta la credibilidad institucional.
A ello se suma la reciente detención del gerente responsable de la logística electoral, un hecho que eleva aún más la gravedad de la situación. No se trata únicamente de errores administrativos, sino de posibles responsabilidades que deberán ser esclarecidas con celeridad. En ese sentido, el anuncio del Jurado Nacional de Elecciones de iniciar una investigación contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, resulta pertinente y necesario. La ciudadanía exige respuestas concretas y, sobre todo, sanciones si corresponde.
Sin embargo, es importante reconocer que, fuera de estos incidentes, el proceso electoral se desarrolló con relativa normalidad en gran parte del país. Regiones como Áncash vivieron una jornada ordenada, lo que demuestra que sí existen capacidades operativas en el sistema. Pero precisamente por ello, las fallas en la capital resultan aún más difíciles de justificar. No pueden ser vistas como hechos aislados, sino como síntomas de una institución que requiere una revisión profunda.
El problema de fondo no es únicamente técnico, sino institucional. Lo ocurrido revela debilidades en la gestión pública, en la capacidad de anticipación y en los mecanismos de control interno. La ONPE, como organismo encargado de garantizar la transparencia y eficiencia de los procesos electorales, no puede permitirse este tipo de errores sin asumir consecuencias.
Mientras tanto, el avance de los resultados, que apenas bordea el 58%, mantiene al país en una incertidumbre innecesaria. En un contexto político ya marcado por la desconfianza, estos retrasos solo contribuyen a alimentar sospechas y tensiones.
El país no puede normalizar estos desajustes. Es momento de emprender una reforma seria que fortalezca a nuestras instituciones electorales, garantizando no solo procesos limpios, sino también eficientes. La democracia no se sostiene únicamente en el voto, sino en la confianza de que ese voto será gestionado con responsabilidad. Y hoy, lamentablemente, esa confianza ha sido puesta en entredicho.