La reciente advertencia de la Contraloría General de la República sobre la obra vial Catorce Incas – Cascajal no puede ni debe pasar desapercibida. No se trata de una observación menor ni de un trámite burocrático más. Estamos ante un llamado de alerta que, si no se atiende con responsabilidad y rapidez, puede traducirse en sobrecostos, retrasos injustificados y, lo más grave, en una infraestructura deficiente que termine perjudicando a la población.
El problema de fondo es claro: el expediente técnico presenta deficiencias que no consideraron un elemento clave del terreno, como es el nivel freático superficial. Esta omisión no solo revela una preocupante falta de rigurosidad técnica, sino también una débil planificación de una obra que supera los 25 millones de soles. En proyectos de esta magnitud, los estudios previos no son un simple requisito administrativo; son la base sobre la cual se garantiza la calidad, seguridad y durabilidad de la inversión pública.
Corregir el expediente técnico no es una opción, es una obligación. Persistir en la ejecución bajo condiciones mal evaluadas sería, en la práctica, aceptar el riesgo de construir sobre un terreno inestable, con todas las consecuencias que ello implica: deterioro prematuro del pavimento, fallas estructurales y, finalmente, la necesidad de destinar más recursos para reparar lo que debió hacerse bien desde el inicio. Es decir, pagar dos veces por la misma obra.
Pero el problema no se limita a los aspectos técnicos. La Contraloría también ha advertido sobre decisiones cuestionables en la supervisión, como la sustitución de profesionales clave que estarían trabajando simultáneamente en otras obras. Esta situación compromete seriamente la capacidad de control y seguimiento del proyecto. Sin una supervisión efectiva, cualquier intento de corregir errores pierde fuerza y credibilidad.
Aquí es donde las autoridades de la Subregión Pacífico deben asumir un rol firme y transparente. No basta con tomar nota del informe; se requiere actuar de inmediato, revisar el expediente técnico, incorporar las soluciones necesarias y garantizar que los profesionales encargados de la supervisión cuenten con la disponibilidad y dedicación que la obra exige. Cada día que pasa sin corregir estas fallas incrementa el riesgo y acerca la posibilidad de un resultado insatisfactorio.
Este caso también debe servir como lección para la gestión pública en general. No es la primera vez que la Contraloría detecta deficiencias en expedientes técnicos, y lamentablemente, tampoco parece que será la última. La improvisación y la falta de rigurosidad siguen siendo males recurrentes que afectan la ejecución de obras en el país.
La ciudadanía, que finalmente es la principal beneficiaria y también la que financia estas inversiones, merece obras bien hechas, seguras y duraderas. Por ello, atender las observaciones de la Contraloría no debe verse como una carga, sino como una oportunidad para corregir el rumbo y asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente.
Corregir hoy los errores del expediente técnico no solo evitará problemas mañana. Será, además, una señal clara de que las autoridades están dispuestas a hacer las cosas bien, con responsabilidad y respeto por el dinero de todos.