Al margen de la versión oficial del Instituto del Mar del Perú, que sitúa en 48% la captura de anchoveta juvenil en los primeros días de la primera temporada de pesca industrial, lo cierto es que el creciente cuestionamiento desde el propio sector pesquero no puede ser pasado por alto. Cada vez son más los sindicatos que advierten que la proporción real sería bastante mayor, incluso por encima del 60%. Esta divergencia no es un detalle menor ni una simple discrepancia técnica: se trata de una alerta seria sobre el estado del principal recurso hidrobiológico del país.
Cuando quienes están directamente involucrados en la faena diaria coinciden en señalar un problema, el Estado está obligado a escuchar con atención. La experiencia de pescadores, tripulantes y trabajadores de plantas no sustituye el rigor científico, pero sí constituye una señal de campo que debe ser contrastada con rapidez y transparencia. Desoír estas advertencias sería un error que podría tener consecuencias irreversibles, no solo en términos ambientales, sino también económicos y sociales.
El Ministerio de la Producción tiene en este escenario una responsabilidad determinante. No basta con sostener cifras oficiales ni limitarse a medidas parciales como vedas focalizadas. Lo que se requiere es una evaluación más profunda, abierta y creíble que permita despejar dudas y, si corresponde, adoptar decisiones firmes. La confianza en la gestión pública depende en gran medida de la capacidad de sus autoridades para reaccionar a tiempo frente a señales de riesgo.
El problema de la captura de juveniles no es nuevo, pero cada vez que se repite se pone en evidencia una debilidad estructural en el control y la supervisión de la actividad pesquera. Extraer ejemplares que aún no han alcanzado su desarrollo pleno equivale a hipotecar el futuro del recurso. Es, en términos simples, pan para hoy y hambre para mañana. La anchoveta, base de una industria que genera empleo y divisas, requiere una gestión responsable que priorice su sostenibilidad.
La aparición de más sindicatos respaldando estas denuncias no hace sino reforzar la gravedad del asunto. No se trata de una voz aislada ni de un interés particular, sino de una preocupación compartida que atraviesa distintos actores del sector. Esto debería ser suficiente para encender las alarmas y motivar una respuesta más contundente de las autoridades.
En este contexto, el principio de precaución debe imponerse como criterio rector. Si existe incertidumbre sobre la magnitud real del problema, lo sensato es actuar con prudencia, incluso si ello implica decisiones difíciles como restringir o suspender temporalmente la actividad en determinadas zonas. La historia pesquera del país ha demostrado que reaccionar tarde suele resultar mucho más costoso.
No se trata de frenar la actividad por alarmismo, sino de garantizar que esta pueda sostenerse en el tiempo. La anchoveta no es un recurso inagotable, y su adecuada gestión es clave para el equilibrio entre desarrollo económico y conservación. Hoy, más que nunca, las autoridades tienen la oportunidad y la obligación de demostrar que han aprendido de los errores del pasado.