La reciente alerta emitida por la Contraloría General de la República sobre el estado del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Chimbote no solo revela una preocupante lista de deficiencias técnicas, sino que confirma una realidad más profunda: la gestión hospitalaria dista mucho de ser eficiente, o siquiera aceptable, en un establecimiento clave para la salud pública de la región.
No estamos ante fallas menores o aisladas. La inoperatividad de 23 ventiladores mecánicos constituye, por sí sola, un hecho grave. Estos equipos son esenciales para la atención de pacientes críticos, especialmente aquellos con insuficiencia respiratoria severa. Su falta limita directamente la capacidad de salvar vidas. En un contexto donde los sistemas de salud deberían estar fortalecidos tras las lecciones de la pandemia, resulta inaceptable que recursos vitales permanezcan inutilizados.
A ello se suma la situación del área de diagnóstico por imágenes, con un equipo de rayos X fuera de servicio y ambientes sin climatización adecuada. Esto no solo retrasa diagnósticos oportunos, sino que expone a un mayor deterioro de equipos costosos, reflejando una preocupante falta de planificación y mantenimiento. La gestión hospitalaria no puede limitarse a reaccionar ante fallas; debe anticiparlas y prevenirlas.
El panorama se agrava aún más en áreas sensibles como oncología, donde la falta de operatividad de la cabina de flujo laminar compromete la seguridad en la preparación de tratamientos de quimioterapia. Aquí no solo se habla de ineficiencia, sino de riesgos directos para pacientes vulnerables y para el propio personal de salud. La ausencia de presupuesto para adecuaciones revela una gestión que no prioriza correctamente sus recursos ni sus urgencias.
Otro punto crítico es el desabastecimiento de medicamentos. Tener 143 fármacos agotados y 114 en substock es una señal inequívoca de desorden administrativo. Pero aún más grave es la coexistencia de sobrestock de productos próximos a vencer, lo que evidencia una gestión ineficiente en la cadena de suministros. Este tipo de errores no solo afecta tratamientos, sino que también genera pérdidas económicas que el sistema público no puede permitirse.
Las deficiencias en infraestructura eléctrica, el cableado desordenado y la falta de planos actualizados configuran un escenario de riesgo permanente. No se trata solo de fallas técnicas, sino de una amenaza potencial para la seguridad de pacientes y trabajadores. A ello se añade un problema logístico básico pero crucial: un solo ascensor operativo para todo el hospital, sin diferenciación de usos, lo que incrementa riesgos sanitarios y retrasa la atención.
Todo este conjunto de observaciones no es casual ni reciente. Es el resultado de una gestión que ha fallado en planificación, mantenimiento, supervisión y priorización. La administración de un hospital no puede ser reactiva ni improvisada; requiere liderazgo, capacidad técnica y un compromiso real con la calidad del servicio.
La advertencia de la Contraloría debe ser un punto de quiebre. No basta con reconocer las fallas; es imprescindible corregirlas con urgencia y transparencia. La salud de miles de ciudadanos depende de ello. Un hospital regional no puede operar en condiciones precarias ni con estándares mínimos. Lo que está en juego no es solo la eficiencia administrativa, sino la vida misma.