Editorial

Del efectivo al dato: el nuevo desafío de la inclusión financiera en el Perú

El crecimiento de los pagos digitales en el Perú más de 1,200% en cinco años refleja una transformación profunda en la forma en que los ciudadanos gestionan su dinero. Impulsado por la pandemia, este avance consolidó el uso de billeteras digitales y redujo la dependencia del efectivo, marcando un punto de inflexión en la inclusión financiera.

Millones de peruanos, antes excluidos del sistema, hoy pueden realizar transacciones rápidas y seguras. Sin embargo, el acceso por sí solo no garantiza inclusión real. El desafío ahora es convertir esa actividad digital en oportunidades concretas, especialmente en el acceso al crédito, que aún alcanza a poco más de un tercio de la población.

Aprovechar la “huella digital” de los usuarios sus hábitos de pago y consumo permitirá desarrollar modelos crediticios más inclusivos. Esto podría transformar el crédito en una herramienta de desarrollo, en lugar de un privilegio limitado a pocos.

No obstante, el avance tecnológico también plantea riesgos. La concentración de datos y el creciente poder de las plataformas digitales exigen reforzar la protección de la información personal y garantizar la seguridad de los usuarios. La innovación debe ir de la mano con una regulación sólida.

Asimismo, la banca tradicional enfrenta el reto de adaptarse a este nuevo entorno. La interoperabilidad y las finanzas abiertas se perfilan como claves para fomentar la competencia y evitar la concentración del mercado.

El impacto en las pymes es significativo: la digitalización ha dinamizado sus operaciones y facilitado su crecimiento. Sin embargo, persisten brechas, especialmente en zonas rurales con limitada conectividad.

El Perú ha dado un paso importante, pero el verdadero reto recién comienza: transformar los pagos digitales en inclusión financiera efectiva para todos.

La ley no admite excepciones en la justicia

La reciente decisión de la Segunda Sala Civil de confirmar la improcedencia del recurso de amparo presentado por el presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa no solo resuelve un caso puntual, sino que reafirma un principio esencial del Estado de derecho: nadie está por encima de la ley, ni siquiera quienes la administran.

El intento del magistrado de permanecer en el cargo más allá del límite legal de edad establecido claramente en la Ley N.º 29277, Ley de la Carrera Judicial abre un debate necesario sobre la coherencia institucional. Resulta, cuando menos, contradictorio que desde el propio sistema de justicia se pretenda cuestionar una norma que es de obligatorio cumplimiento para todos los jueces del país. La ley fija en 70 años la edad de cese, no como un castigo, sino como un mecanismo de renovación y equilibrio dentro del aparato judicial.

La resolución de la sala superior es contundente: no existe vulneración de derechos fundamentales en la aplicación de esta norma. Por el contrario, se trata de una disposición razonable, justificada por la naturaleza de la función judicial. Este criterio no es nuevo ni arbitrario; responde a estándares que buscan garantizar la eficiencia, la imparcialidad y la adecuada administración de justicia.

Más allá del caso individual, lo preocupante es el precedente que se habría sentado si el recurso prosperaba. Se habría abierto la puerta para que otros funcionarios pretendan extender sus funciones apelando a interpretaciones subjetivas de sus derechos, debilitando así la institucionalidad. En un país donde la confianza en las instituciones es frágil, decisiones como esta contribuyen a fortalecerla.

También es importante destacar que la transición en la presidencia de la Corte del Santa se realizará conforme a los mecanismos establecidos: asumirá la magistrada más antigua. Este relevo ordenado refleja que el sistema tiene reglas claras y procedimientos definidos, lo que debería ser la norma y no la excepción.

En tiempos donde se exige mayor transparencia y respeto a las normas, este fallo envía un mensaje claro: la ley se cumple. Y se cumple sin privilegios, sin excepciones y sin interpretaciones acomodadas. La justicia, para ser creíble, debe empezar por respetarse a sí misma.