La salud pública en Chimbote vuelve a quedar expuesta, esta vez no por percepciones o quejas aisladas, sino por informes contundentes de la Contraloría General de la República que describen una realidad alarmante en los hospitales La Caleta y el Regional Eleazar Guzmán Barrón. Lo que debería ser una red de atención segura y oportuna, hoy aparece debilitada por carencias, desorden y una preocupante inacción de las autoridades responsables.
Los hallazgos son graves. En La Caleta, el desabastecimiento de medicamentos, el almacenamiento inadecuado y las limitaciones en áreas críticas como emergencia y centro quirúrgico evidencian un sistema que funciona al límite. En el hospital regional, la inoperatividad de 23 ventiladores mecánicos, fallas en equipos de diagnóstico y deficiencias en infraestructura eléctrica configuran un escenario aún más delicado, donde la vida de los pacientes depende de recursos que simplemente no están disponibles.
Pero más allá del diagnóstico técnico, lo que indigna es que esta crisis no es nueva ni inesperada. Desde junio de 2025, el Gobierno Regional de Áncash anunció la ejecución de IOAAR (Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación) para ambos hospitales, con un presupuesto de 10 millones de soles para cada uno. Estas intervenciones estaban destinadas justamente a reforzar los servicios de emergencia, mejorar las salas quirúrgicas y adquirir equipos médicos esenciales. Sin embargo, a casi un año de ese anuncio, los expedientes técnicos siguen sin aprobarse.
La pregunta es inevitable: ¿qué ha pasado en todo este tiempo? La burocracia no puede seguir siendo excusa cuando lo que está en juego es la salud y la vida de miles de ciudadanos. Cada día de retraso en estos proyectos se traduce en pacientes que no reciben atención adecuada, en diagnósticos tardíos y en riesgos que pudieron evitarse.
La situación de La Caleta, descrita como deplorable, refleja años de abandono acumulado. Pero también evidencia una falta de gestión que no puede ser tolerada. No se trata solo de recursos que ya fueron anunciados sino de capacidad de ejecución, de voluntad política y de responsabilidad con la población.
Resulta preocupante que, pese a las alertas reiteradas, las respuestas sigan siendo lentas o insuficientes. Los informes de la Contraloría no son simples documentos administrativos; son advertencias que exigen acción inmediata. Ignorarlas o postergarlas equivale a aceptar que el sistema continúe deteriorándose.
En este contexto, el IOAAR deja de ser un proyecto técnico para convertirse en una urgencia social. Su ejecución no puede seguir entrampada en trámites. Es momento de que el Gobierno Regional de Áncash asuma un rol activo y transparente, informando plazos concretos y avances reales.
Chimbote no puede seguir esperando. La salud no admite dilaciones ni promesas incumplidas. Hoy, más que nunca, se necesita decisión y gestión. Porque mientras los expedientes duermen en escritorios, los hospitales siguen fallando y los pacientes siguen pagando el costo de esa inacción.