El caso del estadio Justo Ruiz Prieto de San Jacinto vuelve a poner sobre la mesa un problema recurrente en muchas localidades del país: la indefinición de la propiedad y el abandono de infraestructura que, por su naturaleza, debería estar al servicio de la comunidad. Las declaraciones del alcalde de Nepeña, Manuel Figueroa Laos, no hacen más que confirmar una realidad incómoda: el principal recinto deportivo del distrito sigue en manos privadas, específicamente de la empresa Agroindustrias San Jacinto, hoy vinculada al poderoso Grupo Gloria.
Aquí hay que decirlo con claridad: no se puede esperar que una empresa privada, cuyo objetivo es la rentabilidad, priorice la inversión en un estadio que no forma parte de su giro de negocio. Pretender lo contrario es, en el mejor de los casos, ingenuo. La consecuencia de esta situación es evidente: un escenario deportivo deteriorado, con cerco perimétrico incompleto, sin condiciones mínimas de seguridad y, peor aún, inutilizable para competencias oficiales como la Copa Perú. Aunque ayer lo han habilitado colocando cercos de plástico pues el club local así lo requería.
Pero el problema va más allá de la coyuntura actual. Este estadio no es solo un terreno o una infraestructura; es un espacio de identidad colectiva, un punto de encuentro para la juventud y un símbolo de integración social. Por ello, resulta difícil entender cómo, a estas alturas, no se ha concretado su transferencia al dominio público. Hay bienes que, por su naturaleza y función social, deberían pertenecer a la comunidad, y este es claramente uno de ellos.
También es válido cuestionar la falta de gestión sostenida a lo largo de los años. No se trata únicamente de la actual administración. Este problema viene arrastrándose desde hace décadas, sin que ninguna autoridad haya logrado o quizá querido resolverlo de manera definitiva. La ausencia de voluntad política ha sido tan perjudicial como la falta de acción del propietario.
El alcalde tiene razón en un punto: mientras el estadio siga en manos privadas, la municipalidad tiene limitaciones legales para invertir recursos públicos. Sin embargo, eso no debe convertirse en una excusa permanente. Se requieren acciones concretas: negociación directa, mecanismos legales de transferencia, incluso la evaluación de figuras como la expropiación por necesidad pública, si fuese el caso.
San Jacinto no puede seguir esperando. La población merece un estadio digno, seguro y funcional. Y eso solo será posible cuando el Justo Ruiz Prieto deje de ser un activo pasivo de una empresa privada y pase a ser, como corresponde, un bien público al servicio de todos.