El reciente gesto de un grupo de fiscales del Distrito Fiscal del Santa, quienes decidieron financiar con su propio dinero la mejora de un ambiente dentro del establecimiento penitenciario de Cambio Puente, en Chimbote, no solo merece reconocimiento, sino también una reflexión más profunda sobre el estado de nuestro sistema de justicia.
No es común y menos aún en el sector público que funcionarios asuman con recursos propios responsabilidades que, en rigor, corresponden al Estado. Por ello, esta acción rompe esquemas. En un país donde la ciudadanía suele percibir a las instituciones como distantes, burocráticas o incluso indiferentes, iniciativas como esta generan una bocanada de confianza. No hay registros cercanos de un acto similar por parte de fiscales en el Perú, lo que convierte este hecho en un precedente digno de destacar.
Sin embargo, el reconocimiento no debe nublar el análisis crítico. Que fiscales tengan que organizar una “chancha” para garantizar condiciones mínimas de trabajo dentro de un penal evidencia una preocupante precariedad estructural. Las diligencias fiscales especialmente en entornos penitenciarios requieren espacios adecuados, seguros y funcionales, no solo por eficiencia, sino por respeto al debido proceso. Si estos ambientes no existían en condiciones óptimas, la pregunta inevitable es: ¿dónde estaban las autoridades responsables de proveerlos?
El gesto altruista, aunque loable, no puede convertirse en una solución permanente ni, peor aún, en una excusa para la inacción institucional. El riesgo de normalizar estas prácticas es alto: podríamos terminar trasladando la carga del Estado a la buena voluntad de sus propios funcionarios. Y eso, en cualquier democracia, es insostenible.
Dicho esto, también es justo reconocer el valor simbólico de esta acción. Los fiscales involucrados no solo mejoraron un espacio físico; enviaron un mensaje potente sobre compromiso, vocación de servicio y responsabilidad con la función pública. En tiempos donde la desconfianza hacia el sistema de justicia es elevada, este tipo de gestos contribuye a reconstruir la legitimidad institucional desde adentro.
Además, el trabajo articulado con el Instituto Nacional Penitenciario, permitiendo la participación de internos en las mejoras, añade un componente adicional: la colaboración interinstitucional y la posibilidad de generar espacios de reinserción a través del trabajo. Este enfoque, aunque puntual, apunta en la dirección correcta.
Las autoridades del Ministerio Público deberían tomar nota. No basta con aplaudir la iniciativa; es momento de traducir este ejemplo en políticas concretas que aseguren infraestructura adecuada en todos los espacios donde se imparte justicia. La dignidad del sistema no puede depender de colectas voluntarias.
En buena hora que empiecen los cambios, como bien se señala. Pero el verdadero reto es que estos cambios no sean excepcionales, sino el inicio de una transformación sostenida. El compromiso individual es valioso, pero el deber institucional es irrenunciable. Solo cuando ambos caminen de la mano podremos hablar de un sistema de justicia verdaderamente fortalecido.