Por: Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político
El ciudadano de a pie no mide la política en encuestas ni en consignas. La mide en el pan que compra, en el pasaje que paga, en la gasolina que alcanza cada vez menos y en el dinero que ya no estira hasta fin de mes. Por eso importa tanto mirar con cuidado qué implicarían, en la vida real, las propuestas y alianzas de Roberto Sánchez, Juntos por el Perú y su entorno político. El problema no es solo ideológico. Es, sobre todo, económico y social.
Cuando se debilita la autonomía del Banco Central, cuando se pretende apartar a una conducción técnica como la de Julio Velarde, o cuando se habla de usar las reservas internacionales como si fueran una caja de emergencia para gastar sin límites, lo primero que aparece no es desarrollo ni justicia social. Lo primero que aparece es incertidumbre. Y la incertidumbre, en economía, siempre termina encontrando el mismo camino: el alza del dólar, el encarecimiento de los combustibles y la subida de precios en casi todo lo que consume una familia.
Eso golpea primero a quien menos puede defenderse. Al trabajador que recibe un ingreso fijo. Al bodeguero que compra caro y vende con margen mínimo. A la madre que hace malabares en el mercado. A quien toma el bus todos los días y ve cómo el pasaje sube sin explicación. Cuando el Estado transmite señales de improvisación, el ajuste no lo paga el político. Lo paga la gente.
América Latina ya conoce las consecuencias de convertir la economía en laboratorio ideológico. Cuba y Venezuela son ejemplos dolorosos de lo que ocurre cuando se destruye la confianza, se arrincona a la inversión privada, se debilita la moneda, se reemplaza la producción por controles y se pretende que el Estado administre la vida económica desde el poder político. Ninguno de esos países llegó al colapso de manera repentina. La crisis fue avanzando paso a paso: primero como promesa de igualdad, luego como control, después como escasez, inflación, migración, deterioro de servicios y empobrecimiento generalizado.
Ese es el riesgo de medidas como las que promueve Juntos por el Perú. No se quedan en el discurso ni en el debate académico. Comienzan afectando la confianza, siguen espantando inversión, encarecen el crédito, presionan el dólar, reducen el empleo formal y terminan golpeando directamente la mesa familiar. La pobreza no se combate destruyendo la estabilidad. Se combate con trabajo, inversión, moneda sana, seguridad jurídica, producción y un Estado que funcione.
El riesgo tampoco termina ahí. Reflotar empresas públicas quebradas sin una reforma seria, como si bastara la voluntad política para corregir décadas de mala gestión, solo traslada el costo al presupuesto público. Y ese costo no es abstracto. Se traduce en menos dinero para hospitales, menos inversión en escuelas, menos patrulleros, menos obras y menos capacidad de respuesta frente a emergencias. Cada sol que se pierde en sostener una empresa ineficiente es un sol que deja de llegar a una necesidad concreta.
A mediano plazo, el daño más visible es el estancamiento. Un país que premia la improvisación termina frenando la inversión, desalentando el empleo formal y castigando a los jóvenes que buscan una oportunidad. Nadie arriesga su capital donde reina la duda. Nadie invierte donde el mensaje oficial cambia según el clima político. Nadie genera empleo si siente que mañana le moverán las reglas del juego.
A largo plazo, el golpe es todavía más profundo: se erosiona la confianza. Confianza en la moneda, en las instituciones, en la prensa, en el Estado y en la posibilidad de construir futuro sin sobresaltos. Si además se normalizan discursos extremos, como la idea de una guerra con Chile para “recuperar” Tarapacá y Arica, el país no solo se vuelve más inestable hacia adentro. También se vuelve más peligroso hacia afuera. La irresponsabilidad en política exterior puede terminar costando diplomacia, comercio y seguridad.
Por eso esta discusión no debería quedarse en los círculos políticos ni en las trincheras partidarias. Debería bajar al nivel de la vida real. Porque cuando un proyecto político pone en riesgo la estabilidad económica y democrática, quien lo siente primero no es el Estado: es el ciudadano. No lo siente en un documento. Lo siente en la fila del mercado. En la gasolina. En la combi. En el recibo. En el sueldo que ya no alcanza.
Cuba y Venezuela no son solo referencias lejanas. Son advertencias de lo que ocurre cuando el poder político cree que puede sustituir al trabajo, a la inversión, a la libertad económica y a la responsabilidad fiscal. Cuando se castiga al que produce, cuando se desconfía del que invierte, cuando se manipula la moneda y cuando se reparte lo que no se genera, el resultado no es justicia social. El resultado es escasez, dependencia y pobreza.
El Perú no necesita repetir ese camino. Necesita cuidar su moneda, defender sus instituciones, proteger la inversión, promover el empleo y garantizar que el Estado esté al servicio de la gente, no de una ideología.
Ahí está la verdadera medida de cualquier propuesta: si mejora la vida de la gente o si la complica todavía más. Y cuando una propuesta amenaza con convertir la política en inflación, escasez y pobreza, el ciudadano tiene derecho a saberlo antes de que sea demasiado tarde.