Por: Walter Miguel Quito Revello
En la provincia del Santa, el abandono ya no es una sensación: es una realidad que se respira todos los días. El Estado, el gobierno regional y los congresistas aparecen en campaña, pero desaparecen cuando el pueblo exige respuestas. Algunos se reciclan en el poder, otros prometen cambios que nunca llegan, y los nuevos —aunque quieran diferenciarse— terminan atrapados en la misma lógica de indiferencia.
Las recientes elecciones han vuelto a evidenciar lo mismo: discursos de estabilidad, inversión extranjera y orden institucional, incluso acompañados de anuncios como la compra de aviones de guerra F-16. Impulsado por los fujimoristas, los de Renovación Popular y los lobistas de todos lados. Pero en el país real —ese que no sale en los informes oficiales— la desigualdad sigue intacta. No es que falte dinero; falta decisión política para priorizar a la gente.
En lugares como Colcap y Macate, el acceso a servicios básicos sigue siendo limitado. El internet, que hoy define quién estudia y quién se queda atrás, es todavía un privilegio para muchos. Esta exclusión no es casual: es la muestra de un Estado que ha decidido mirar a otro lado mientras la brecha se agranda.
La crisis del sistema de salud agrava aún más la situación. Postas inconclusas, hospitales sin equipamiento y personal insuficiente convierten el derecho a la salud en una apuesta incierta. Enfermarse en el Santa no debería ser un riesgo, pero lo es. Y eso también es responsabilidad política.
Miles de jóvenes ven truncadas sus oportunidades no por falta de capacidad, sino por abandono. Hay talento, hay esfuerzo, pero no hay políticas que los impulsen. Sin conectividad, sin información y sin apoyo, el futuro se vuelve un privilegio y no un derecho.
No se trata de elegir entre defensa nacional o desarrollo social, sino de denunciar un desequilibrio inaceptable. Un país que invierte en armamento mientras mantiene comunidades sin internet, sin hospitales dignos y sin acceso real a educación, está fallando en lo esencial.
Esta realidad golpea directamente al Santa, donde el trabajo agrícola sostiene la economía, pero no se traduce en bienestar para su gente. La desconfianza crece porque el Estado parece responder más a intereses concentrados que a las necesidades de la población.
Frente a esto, no basta con votar cada cinco años. La política no puede seguir siendo un espacio ajeno. La participación ciudadana no es opcional: es la única herramienta para defender derechos, exigir justicia y evitar que el abandono se convierta en destino.
Y hay algo más que no podemos olvidar: la memoria. La provincia del Santa carga con heridas como la masacre del 5 de mayo, una muestra dolorosa de lo que ocurre cuando el Estado responde con violencia en lugar de escuchar. Esa historia no es pasado muerto: es una advertencia viva.
Por eso, participar no es solo un derecho, es una obligación con nuestra propia historia. El Santa no necesita más promesas ni discursos vacíos. Necesita organización, firmeza y un pueblo que no acepte el abandono como normal. Porque cuando la injusticia se tolera, deja de ser excepción y se convierte en regla. Y cuando eso ocurre, lo que está en juego ya no es solo el presente, sino el futuro de todos.