La inseguridad ciudadana se ha convertido en una de las mayores amenazas para el desarrollo del país y Áncash no es la excepción. El reciente informe del Instituto Peruano de Economía (IPE) pone cifras a una realidad que miles de ciudadanos enfrentan diariamente: el crecimiento de la extorsión, los homicidios y la minería ilegal evidencia que el crimen organizado avanza con rapidez mientras la capacidad de respuesta del Estado resulta insuficiente.
Que Áncash haya ocupado en 2025 el octavo lugar entre las regiones con más denuncias por extorsión debería generar una profunda preocupación en las autoridades nacionales y locales. Más de 63 casos por cada 100 mil habitantes representan un incremento alarmante frente a los niveles registrados antes de la pandemia. Detrás de estas estadísticas hay comerciantes amenazados, transportistas obligados a pagar cupos, empresarios intimidados y familias que viven bajo temor permanente.
Aunque las cifras muestran una reducción de denuncias durante los primeros meses de 2026, ello no significa que el problema esté resuelto. El propio informe recuerda que menos del 20% de las víctimas se atreve a denunciar los delitos. En otras palabras, la inseguridad real podría ser mucho mayor que la registrada oficialmente. El miedo, la desconfianza en las autoridades y el temor a represalias siguen siendo factores que favorecen la impunidad.
A ello se suma el crecimiento de la minería ilegal, actividad que en los últimos años ha dejado de ser únicamente un problema ambiental para convertirse en un motor de violencia y criminalidad. El incremento de casi 69% en las denuncias vinculadas a esta actividad durante 2025 refleja que las redes ilegales continúan expandiéndose. La provincia del Santa, donde se concentra una gran parte de estas denuncias, también lidera los casos de extorsión en la región. La relación entre economías ilegales y delincuencia organizada resulta cada vez más evidente.
Frente a este escenario, resulta preocupante que el presupuesto destinado a orden interno y seguridad haya sufrido una fuerte reducción para 2026. Disminuir recursos en videovigilancia, monitoreo, equipamiento y proyectos de seguridad ciudadana en medio de una crisis delictiva parece una decisión desconectada de la realidad que viven los ciudadanos. No se puede exigir resultados efectivos a la Policía Nacional cuando muchas comisarías operan en condiciones precarias y carecen incluso de servicios básicos adecuados.
La lucha contra la inseguridad requiere mucho más que operativos esporádicos o declaraciones políticas. Se necesita fortalecer la inteligencia policial, modernizar la infraestructura de seguridad y ejecutar inversiones sostenidas en tecnología y prevención. Mecanismos como Obras por Impuestos y las Asociaciones Público-Privadas pueden convertirse en herramientas importantes para acelerar la mejora de comisarías y sistemas de vigilancia.
Asimismo, los gobiernos locales y regionales deben asumir un rol más activo. La seguridad ciudadana no puede depender únicamente del Gobierno Central. Hace falta coordinación, planificación y voluntad política para enfrentar las economías ilegales que hoy amenazan la estabilidad social y económica de Áncash.
De cara a las próximas elecciones, los ciudadanos tienen derecho a exigir propuestas concretas y responsables. La inseguridad ya no puede tratarse como un tema secundario. Recuperar el control del territorio y devolver tranquilidad a la población es una tarea urgente. De lo contrario, el avance del crimen seguirá debilitando la confianza en las instituciones y poniendo en riesgo el futuro de la región.