La corrupción no solo roba dinero. También roba agua, caminos y futuro. En Conchucos, la historia vuelve a repetirse con los mismos nombres y el mismo patrón: obras abandonadas, expedientes maquillados y funcionarios que jugaron con recursos públicos mientras los pueblos seguían esperando servicios básicos y carreteras dignas.
El primer caso ya había indignado a Áncash. Una obra de saneamiento destinada a llevar agua potable y alcantarillado a Quirobamba, Maraypampa, Cedro y Monte Grande terminó convertida en un símbolo de irresponsabilidad y presunta corrupción. Más de dos millones de soles perdidos, una carta fianza dejada vencer y una conciliación que favoreció al contratista mientras cinco pueblos quedaron condenados al abandono. No se trató de un simple error administrativo. Fue una cadena de decisiones que, según la Contraloría, beneficiaron al contratista y perjudicaron directamente a la población más pobre de Pallasca.
En ese informe ya aparecía el nombre de Luis Abraham Uchpa Arellano, entonces gerente municipal. La Contraloría lo señaló por suscribir acuerdos y aprobar liquidaciones pese al escaso avance físico de la obra. Es decir, mientras la población seguía sin agua y desagüe, desde la municipalidad se daban conformidades y se aceptaban condiciones que terminaron favoreciendo al consorcio ejecutor.
Hoy, los hechos parecen confirmar que no se trataba de un episodio aislado. La justicia acaba de ratificar una condena por colusión agravada contra el mismo exfuncionario y otros implicados, esta vez por irregularidades en una obra vial. La modalidad vuelve a ser la misma: concertación ilícita, valorizaciones observadas y perjuicio económico al Estado. Otra obra pública convertida en botín.
Lo más grave es que detrás de cada expediente existe una población perjudicada. Cuando se roba en una obra de saneamiento, las familias siguen consumiendo agua insegura. Cuando se roba en una carretera vecinal, los agricultores quedan aislados y los pueblos continúan atrapados en el atraso. La corrupción no es una cifra abstracta: es pobreza prolongada deliberadamente.
Conchucos merece respuestas claras. ¿Cómo funcionarios observados por graves irregularidades continuaron tomando decisiones públicas? ¿Dónde estuvieron los mecanismos de control político y administrativo? ¿Cuántas obras más terminaron paralizadas o sobrevaloradas mientras los responsables seguían ocupando cargos?
También corresponde exigir que las condenas no queden en titulares momentáneos. Durante años el país ha visto procesos interminables donde muchos responsables terminan prófugos, apelando indefinidamente o regresando luego a la actividad política como si nada hubiera ocurrido. La ciudadanía ya no tolera esa impunidad reciclada.
La captura ordenada por la Sala Penal debe ejecutarse con firmeza. Pero, además, las autoridades actuales tienen la obligación moral y legal de revisar otras obras ejecutadas durante esos periodos. Porque cuando un esquema corrupto se instala dentro de una municipalidad, rara vez afecta un solo proyecto.
El drama de Conchucos refleja una tragedia nacional: pueblos pobres administrados por funcionarios ricos en excusas. Mientras los ciudadanos caminaban entre trochas y esperaban agua potable, algunos parecían más preocupados en liberar cartas fianza, aprobar pagos y proteger intereses privados.
La corrupción en provincias suele ser silenciosa, pero sus consecuencias son devastadoras. Y en Conchucos, los pueblos afectados todavía siguen esperando que el Estado les devuelva lo que les arrebataron: obras terminadas, servicios dignos y confianza en sus autoridades.