La Contraloría General de la República identificó presuntos hechos irregulares en el desarrollo del Concurso Público CAS N.° 01-2025 realizado por la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Santa, proceso convocado para la contratación de personal bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS).
De acuerdo con el Informe de Acción de Oficio Posterior N.° 5666-2026-CG/GRAN-AOP, elaborado por la Gerencia Regional de Control de Áncash, se detectaron situaciones que habrían afectado la objetividad, legalidad y transparencia del proceso de selección desarrollado entre el 8 y el 31 de enero de 2025.
Uno de los principales hallazgos advertidos por el órgano de control está relacionado con la conformación del comité de selección encargado de conducir el concurso público. Según la Contraloría, la entidad habría designado a los integrantes del comité sin observar lo previsto en la norma técnica aplicable para este tipo de procesos, situación que podría comprometer la validez y transparencia de las evaluaciones realizadas.
Además, el informe señala que durante la etapa de evaluación curricular correspondiente al puesto de Analista Legal, la comisión evaluadora habría exigido a una postulante un requisito que no se encontraba establecido en las bases oficiales del concurso. Debido a ello, la participante fue declarada no admitida, pese a que dicha exigencia no figuraba entre las condiciones inicialmente publicadas para acceder al cargo.
Para la Contraloría, este hecho afectó el principio de igualdad de oportunidades entre los postulantes, así como la objetividad que debe regir en los procesos de contratación pública. También se advierte que la actuación de la entidad pudo generar limitaciones injustificadas para la participación de candidatos que cumplían con los requisitos oficialmente establecidos.
El informe fue remitido a la directora de la UGEL Santa con la finalidad de que se adopten las acciones necesarias para atender o superar las observaciones detectadas. Asimismo, se recomendó evaluar el deslinde de responsabilidades administrativas que pudieran corresponder a los funcionarios o servidores involucrados en el proceso cuestionado.
La Contraloría recordó que las acciones de control posterior tienen como finalidad verificar el cumplimiento de la normativa vigente y cautelar el adecuado uso de los recursos públicos, promoviendo procesos transparentes y ajustados a ley en las entidades del Estado.