La nueva alerta emitida por la Contraloría General de la República sobre la paralización del Hospital San Ignacio de Casma evidencia nuevamente las graves deficiencias en la gestión de grandes obras públicas en el país. A pesar de que la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) aseguró la disponibilidad presupuestal, pagó valorizaciones pendientes y ordenó el reinicio inmediato de los trabajos, la construcción continúa detenida desde agosto de 2025, generando preocupación entre la población y aumentando los riesgos técnicos y económicos del proyecto.
Lo más delicado del caso es que la paralización ya no tendría como causa principal la falta de recursos económicos. Según el informe de control concurrente, la ANIN cumplió con efectuar pagos hasta febrero de 2026 y emitió una instrucción formal para que el consorcio Suyay II retome las labores bajo una estrategia prioritaria de trabajo. Sin embargo, la empresa contratista no reinició las actividades físicas y mantiene un retraso crítico de más de 200 días en el cronograma de ejecución.
La Contraloría también advirtió problemas que podrían agravar aún más la situación. Durante la inspección realizada en marzo de este año se encontraron materiales expuestos a la intemperie, barras de fierro oxidadas, resanes en diversas áreas y modificaciones posteriores en instalaciones eléctricas y sanitarias, lo que evidenciaría deficiencias en la planificación y coordinación técnica antes de la paralización. Además, se alertó sobre el posible abandono definitivo de subcontratistas debido a retrasos en pagos y la falta de continuidad en los trabajos.
Pero el tema adquiere mayor relevancia porque el consorcio involucrado, integrado por IBT LLC Sucursal Perú y GCZ Contratistas, mantiene presencia en varios proyectos hospitalarios estratégicos en Áncash. La empresa IBT LLC Sucursal Perú participa también en la ejecución de los hospitales de Caraz, Recuay, Pomabamba y Yungay, así como en establecimientos de salud en Yungar y San Nicolás. El de Yungay ya se terminó. Incluso tiene participación en el futuro hospital de EsSalud de Chimbote. Es decir, la preocupación ya no se limita únicamente a Casma, sino a la posibilidad de que problemas similares puedan afectar otras obras fundamentales para el sistema de salud regional.
Frente a este panorama, resulta indispensable que la ANIN informe con transparencia qué acciones concretas adoptará para garantizar el cumplimiento de los contratos y evitar mayores retrasos. No basta con emitir órdenes de reinicio si estas finalmente no se ejecutan en el terreno. La supervisión debe ser estricta y permanente, considerando que se trata de proyectos millonarios financiados con recursos públicos y destinados a mejorar la atención médica de miles de ciudadanos.
Áncash arrastra desde hace décadas enormes brechas en infraestructura hospitalaria. Muchas provincias continúan atendiendo a sus pacientes en establecimientos antiguos, hacinados o con limitaciones técnicas. Por ello, cada obra paralizada representa mucho más que concreto inconcluso: significa diagnósticos tardíos, tratamientos postergados y familias obligadas a trasladarse largas distancias para acceder a atención especializada.
La Contraloría ya cumplió con advertir los riesgos. Ahora corresponde a las autoridades actuar con firmeza y responsabilidad para impedir que el Hospital de Casma se convierta en otro ejemplo de obras eternamente inconclusas.