Por: Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político
El Perú rural no necesita otra promesa refundacional. Necesita agua, caminos, seguridad, crédito, títulos, escuelas que funcionen, conectividad y mercados. Esa es la diferencia central entre una propuesta que habla desde la ideología y otra que intenta responder a la urgencia diaria de la familia rural.
Juntos por el Perú parte de un diagnóstico conocido: pobreza rural, centralismo, desigualdad, informalidad y abandono estatal. El problema no está en reconocer la herida, sino en la receta. Su plan convierte la crisis del campo en argumento para una transformación total del país: nuevo pacto social, nueva Constitución y cambio de modelo económico. Puede sonar atractivo en un discurso político, pero para el agricultor que espera agua para la próxima campaña, suena lejano, pesado y lento.
Esa es la debilidad de fondo: Juntos por el Perú pretende resolver la ruralidad refundando el país. Pero el campo no vive de grandes categorías. Vive de si el canal se limpia, si el reservorio funciona, si el camino permite sacar la cosecha, si el puesto de salud atiende, si la escuela tiene profesores y si la policía llega cuando hay violencia o extorsión.
La propuesta de Juntos por el Perú también es demasiado ideológica. El riesgo es que el Perú rural termine convertido en escenario de una batalla política. El productor no está pidiendo una teoría completa del Estado. Está pidiendo presencia estatal útil: maquinaria, semillas, fertilizantes, riego, crédito, mercados, seguridad y asistencia técnica.
Y, sobre todo, es una propuesta demasiado lenta. Si la solución depende de un nuevo pacto social, una nueva Constitución y una transformación del modelo económico, entonces el campo queda condenado a esperar reformas, consensos, leyes, reglamentos y una burocracia que históricamente ni siquiera ha podido ejecutar bien lo básico. La ideología puede ordenar un discurso, pero no reemplaza la ejecución.
Frente a eso, Fuerza Popular tiene una ventaja política clara: habla en términos más concretos. Su propuesta rural plantea 5,000 tractores, siembra y cosecha de agua, reservorios, riego tecnificado, semillas mejoradas, fertilizantes, compras directas al productor y seguro agrario universal para proteger a dos millones de productores. No es una teoría del país; es una lista de herramientas que el productor puede entender, exigir y medir.
Esa diferencia importa. En política rural, la claridad vale más que la grandilocuencia. Una familia campesina puede no seguir el debate sobre “soberanía productiva”, pero entiende perfectamente qué significa tener una carretera afirmada, un título de propiedad, internet en su centro poblado o un seguro agrario que responda después de una helada. Por eso también pesan propuestas como 800 mil títulos rurales, 20 mil kilómetros de vías vecinales y conectividad para centros poblados. Son metas exigentes, pero fiscalizables: se cumplen o no se cumplen.
Hay, además, un vacío serio en la mirada de Juntos por el Perú: habla mucho de derechos, pero poco de orden territorial. En el Perú rural actual no hay desarrollo sin seguridad. No hay agricultura familiar sostenible si las rutas son inseguras. No hay comercio justo si el productor queda a merced de mafias, robos, extorsiones o economías ilegales. Fuerza Popular incorpora ese punto con mayor fuerza al plantear presencia policial rural, acción contra el crimen organizado y protección de economías locales. Su mensaje es simple: sin orden no hay progreso.
La crítica central, entonces, no es que Juntos por el Perú ignore al campo. Lo menciona, lo diagnostica y lo incorpora en su narrativa. La crítica es que lo subordina a una agenda ideológica demasiado ambiciosa. El votante rural suele evaluar desde otra lógica: quién llega, quién resuelve, quién ejecuta, quién ordena y quién protege.
El Perú rural no quiere experimentos. Quiere orden, trabajo, agua, caminos, educación y oportunidades. La indignación sola no construye carreteras, colegios ni mercados. El campo ya esperó demasiado. No necesita que le prometan empezar el país desde cero; necesita que el Estado funcione de una vez.