La situación del nuevo Hospital de Apoyo de Caraz se ha convertido en un símbolo preocupante de cómo las grandes obras públicas en el Perú pueden terminar atrapadas entre adendas, ampliaciones presupuestales, disputas contractuales y paralizaciones interminables. Lo más grave es que detrás de cada expediente y cada informe técnico hay miles de ciudadanos que siguen esperando atención médica digna.
La Contraloría ha revelado un hecho alarmante: la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) cumplió con pagar las valorizaciones pendientes, amplió plazos y reconoció más de S/ 6.6 millones en eventos compensables a favor del consorcio constructor; sin embargo, la obra continúa detenida. Es decir, el Estado ya respondió económicamente, pero la empresa no reinicia los trabajos.
El problema deja de ser únicamente administrativo y pasa a convertirse en una seria crisis de gestión pública y control contractual. No puede normalizarse que una empresa mantenga paralizada una obra estratégica aun cuando el Estado ya cumplió con sus obligaciones financieras. Menos aún cuando se trata de un hospital destinado a salvar vidas en una provincia que necesita urgentemente mejorar su infraestructura sanitaria.
El caso genera además una inevitable comparación con lo que ocurre en el Hospital de Casma, donde el mismo Consorcio Suyay II también mantiene retrasos y paralizaciones pese a desembolsos realizados por ANIN. La coincidencia evidencia que existe un patrón preocupante que las autoridades nacionales no pueden seguir ignorando. Si el contratista muestra incapacidad financiera, técnica o logística para ejecutar proyectos de esta magnitud, entonces corresponde evaluar medidas más severas.
El país no puede continuar atrapado en contratos donde el Estado paga, amplía presupuestos y flexibiliza condiciones, mientras las obras siguen detenidas sin consecuencias reales para los responsables. El Hospital de Caraz empezó en 2021 con un presupuesto de S/ 113 millones y hoy supera los S/ 544 millones. El incremento resulta escandaloso para una obra que ni siquiera alcanza el 50 % de avance físico. Cada año de retraso significa más dinero público comprometido y más perjuicio para la población.
Aquí es donde ANIN debe asumir una posición firme. No basta con enviar cartas o solicitar reinicios. Tiene que activarse otro nivel de intervención: aplicación de penalidades, evaluación de resolución contractual, ejecución de garantías o incluso mecanismos extraordinarios que permitan reemplazar al contratista si persiste el incumplimiento. Las obras hospitalarias no pueden quedar rehén de disputas económicas o estrategias empresariales.
También preocupa la aparente permisividad detectada por la Contraloría respecto a gastos injustificados durante la paralización y la falta de entrega de modelos BIM que impiden verificar partidas ejecutadas. Todo ello demuestra debilidades en la supervisión y control técnico del proyecto.
Mientras tanto, los más afectados siguen siendo los ciudadanos de Caraz y Huaylas, quienes continúan dependiendo de servicios de salud limitados mientras observan cómo una obra millonaria permanece detenida. El riesgo es que esta historia termine igual que muchos proyectos públicos del país: años de retraso, arbitrajes interminables y hospitales inconclusos.
El Estado debe enviar un mensaje claro: ninguna empresa puede paralizar indefinidamente una obra pública después de haber recibido pagos. Si no existe capacidad para continuar, corresponde tomar decisiones inmediatas. Porque los hospitales no son simples construcciones; son infraestructura vital para la vida de miles de peruanos.