Por: Prysyla Stheffany Flores Matienzo /Abogada – Docente
Universitaria – Especialista Legal en Gestión Pública y Derecho Administrativo
La crisis hospitalaria que enfrentan Chimbote y diversas regiones del país ya no puede analizarse únicamente desde la falta de presupuesto o las limitaciones operativas de los establecimientos de salud. El verdadero problema se encuentra en las profundas deficiencias del modelo de gestión pública bajo el cual se ejecutan las inversiones en salud en el Perú.
Mientras hospitales continúan enfrentando infraestructura deteriorada, equipos insuficientes y servicios colapsados, miles de ciudadanos siguen esperando respuestas que el sistema administrativo no logra proporcionar oportunamente.
En este contexto, resulta indispensable comprender las diferencias entre dos mecanismos fundamentales de inversión pública: las IOARR y los Proyectos de Inversión Pública (PIP).
Las IOARR Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación fueron diseñadas como herramientas rápidas y específicas destinadas a cerrar brechas inmediatas en infraestructura y equipamiento. Su lógica responde a intervenciones puntuales: reposición de equipos médicos, rehabilitación de ambientes hospitalarios o ampliaciones menores que permitan mejorar rápidamente la capacidad operativa de los servicios públicos.
En cambio, los PIP poseen una naturaleza mucho más amplia y estructural. Su finalidad consiste en crear, ampliar o mejorar integralmente servicios públicos mediante procesos técnicos complejos, estudios de preinversión y procedimientos administrativos más extensos.
En teoría, ambos mecanismos deberían complementarse eficientemente. Sin embargo, en la práctica, la ejecución de IOARR viene enfrentando retrasos burocráticos que contradicen precisamente su finalidad de intervención rápida.
Actualmente, numerosos establecimientos de salud continúan esperando aprobaciones técnicas, expedientes y autorizaciones administrativas que demoran meses e incluso años, pese a tratarse de intervenciones urgentes destinadas a garantizar servicios esenciales.
La situación evidencia un problema mayor: la excesiva fragmentación del sistema de salud pública.
Hoy, el Ministerio de Salud (MINSA) enfrenta limitaciones operativas derivadas de competencias distribuidas entre gobiernos regionales, unidades ejecutoras y diversos niveles administrativos que muchas veces actúan sin adecuada articulación técnica.
La consecuencia es evidente: inversiones paralizadas, procesos lentos y ciudadanos que terminan soportando las deficiencias del sistema.
Resulta válido preguntarse entonces: ¿qué ocurriría si el MINSA tuviera mayor cobertura operativa y autonomía de gestión?
Probablemente, el sistema de salud podría responder con mayor capacidad técnica y velocidad frente a situaciones críticas. Una rectoría más fortalecida permitiría estandarizar procesos, acelerar decisiones administrativas y reducir las enormes diferencias existentes entre regiones respecto a infraestructura hospitalaria y ejecución presupuestal.
Actualmente, muchas regiones enfrentan limitaciones técnicas para formular, ejecutar y supervisar inversiones complejas en salud. La alta rotación de funcionarios, la debilidad institucional y la burocracia excesiva terminan retrasando proyectos esenciales para la ciudadanía.
En un escenario donde el MINSA contara con mayor capacidad de intervención directa y autonomía funcional, podría consolidarse una gestión sanitaria más uniforme, especializada y técnicamente articulada.
Ello no significa eliminar competencias regionales, sino fortalecer la capacidad rectora del sector salud bajo criterios de eficiencia, planificación y respuesta inmediata.
La pandemia dejó una lección clara: el sistema sanitario peruano continúa mostrando profundas debilidades estructurales y enormes brechas territoriales. Y aunque se han impulsado mecanismos como las IOARR para agilizar inversiones, la burocracia administrativa sigue convirtiéndose en uno de los principales obstáculos para garantizar servicios de salud oportunos y de calidad.
La salud pública no puede depender únicamente de expedientes acumulados o procesos administrativos interminables.
Porque cuando la gestión pública pierde capacidad de respuesta, la crisis deja de ser administrativa.
Y se convierte en una crisis humana.