El cierre de la sala de operaciones del Hospital La Caleta por la falla de la máquina de anestesia ya era una situación grave que exigía una respuesta inmediata, técnica y responsable por parte del Gobierno Regional de Áncash. Sin embargo, lo ocurrido esta semana demuestra una preocupante improvisación en el manejo de la salud pública: en lugar de entregar un equipo nuevo y seguro, se trasladó una máquina usada desde otro hospital, la cual según los propios médicos y un técnico de la DIRESA también presenta fugas y no garantiza la seguridad de los pacientes.
La indignación del cuerpo médico no es exagerada. Se trata de vidas humanas. Una máquina de anestesia defectuosa no es un problema menor ni un detalle administrativo; es un riesgo crítico que puede desencadenar complicaciones graves durante una operación quirúrgica. Por ello, resulta comprensible que los especialistas del Hospital La Caleta se nieguen a utilizar un equipo que no ofrece garantías y que podría convertir una cirugía en una tragedia.
Lo más alarmante es que esta situación evidencia el abandono histórico al que ha sido sometido este hospital emblemático de Chimbote. Un nosocomio con 83 años de funcionamiento no puede seguir trabajando con equipos obsoletos ni depender de préstamos improvisados para atender emergencias quirúrgicas. La salud pública no puede sostenerse con “parches” ni soluciones temporales.
La respuesta del Gobierno Regional de Áncash ha sido claramente insuficiente. Llevar un equipo antiguo de otro hospital, sin verificar previamente su operatividad, no solo refleja descoordinación, sino también falta de respeto hacia los profesionales de salud y hacia la población que necesita atención médica urgente. Mientras las autoridades anuncian soluciones rápidas, las operaciones continúan paralizadas y los pacientes siguen esperando.
Detrás de esta crisis hay personas que sufren: pacientes que ven postergadas sus cirugías, familias que viven en incertidumbre y médicos que trabajan bajo presión en condiciones precarias. La posible huelga anunciada por el cuerpo médico debe interpretarse como una señal de desesperación frente a la indiferencia de las autoridades, no como un simple conflicto laboral.
Además, este problema vuelve a poner sobre la mesa la necesidad urgente de ejecutar el proyecto IOARR para la modernización de las salas de operaciones y el equipamiento del Hospital La Caleta. No basta con discursos ni visitas protocolares; se requieren inversiones reales, planificación y compromiso político para recuperar un hospital que atiende a miles de ciudadanos.
La salud no puede seguir siendo tratada con improvisación. Las autoridades regionales tienen la obligación de garantizar equipos modernos, infraestructura adecuada y condiciones seguras para pacientes y médicos. Cualquier otra respuesta es irresponsable.
La población merece hospitales dignos, no equipos reciclados que ponen en peligro la vida humana.