El caso del canal de riego 29.1 de Cascajal Izquierdo refleja uno de los problemas más graves de la gestión pública peruana: obras mal planificadas, contratistas que abandonan proyectos y entidades del Estado que improvisan soluciones sin garantizar resultados. Hoy, después de años de retrasos y millones de soles comprometidos, la infraestructura sigue inconclusa y la Contraloría vuelve a advertir irregularidades, esta vez en el expediente técnico del saldo de obra elaborado para reiniciar los trabajos.
Lo más preocupante es que no se trata de una obra cualquiera. Estamos hablando de infraestructura hidráulica destinada a garantizar agua para riego en una zona agrícola importante de Chimbote. Es decir, detrás de este proyecto existen agricultores que dependen del canal para sostener sus cultivos y su economía familiar. Sin embargo, para el Estado, el proyecto parece haberse convertido en un interminable laboratorio de errores administrativos.
El primer gran fracaso fue la contratación inicial realizada por el PSI, órgano del Midagri. La empresa Contratista Minero SAC recibió la buena pro y comenzó los trabajos en diciembre del 2021, pero la obra terminó paralizada pocos meses después. Lo más escandaloso es que, según el órgano de control, se pagó más del 57% del presupuesto mientras el avance físico apenas superaba el 37%. Es decir, el dinero avanzó más rápido que la construcción.
Cuando la empresa abandonó la obra, lo lógico hubiera sido que el PSI asumiera plenamente su responsabilidad técnica y administrativa para corregir el problema. Pero ocurrió lo contrario: cambiaron la modalidad de ejecución y trasladaron funciones a un Núcleo Ejecutor de Reconstrucción integrado por usuarios de riego. Allí nace otra gran interrogante: ¿cómo una obra valorizada en millones de soles termina dependiendo de un núcleo ejecutor sin la capacidad técnica suficiente para manejar un proyecto de esa complejidad?
La Contraloría ha sido clara al advertir deficiencias en el expediente técnico saldo de obra. Existen incongruencias técnicas, omisiones en estudios fundamentales y observaciones sobre costos que podrían generar mayores pagos al Estado. Eso significa que el proyecto aún no está listo para ejecutarse y que el riesgo de nuevos problemas sigue latente.
Lo grave es que este escenario ya era previsible. Las declaraciones de dirigentes agrarios y exdirectivos revelan que existieron fallas de supervisión, ausencia de fiscalización y una cadena de decisiones cuestionables desde el inicio. Nadie controló adecuadamente a la empresa contratista y ahora tampoco existe certeza de que el nuevo esquema de ejecución pueda garantizar transparencia y eficiencia.
Mientras tanto, el canal continúa abandonado. Los agricultores siguen esperando y el Estado continúa gastando recursos en expedientes, supervisiones y reformulaciones sin resultados concretos. Cada año perdido representa perjuicio económico para los usuarios y también un golpe a la credibilidad de las instituciones públicas.
El canal 29.1 no solo evidencia un problema técnico. Expone un modelo de gestión donde las responsabilidades se diluyen y donde las entidades buscan salidas improvisadas para resolver errores que ellas mismas generaron. El PSI y el Midagri tienen la obligación de transparentar todo el proceso, corregir las observaciones de Contraloría y garantizar que la próxima etapa no termine nuevamente en paralización.
Porque lo peor que puede ocurrir no es solamente que una obra quede inconclusa. Lo verdaderamente grave es que el abandono y la improvisación terminen convirtiéndose en la normalidad dentro de la gestión pública.