Desde hace varias semanas, los productores arroceros del país vienen realizando protestas debido a la fuerte caída en el precio del arroz. En algunas regiones incluso se han registrado paros e interrupciones del tránsito en carreteras, generando preocupación entre la población y presión sobre el Gobierno. Los agricultores exigen una intervención estatal para elevar el precio del producto y evitar mayores pérdidas económicas.
Sin embargo, creemos que el problema debe analizarse con mayor profundidad y responsabilidad. No somos de la opinión de que el Estado deba intervenir directamente fijando precios o alterando el funcionamiento del mercado. Esa salida podría generar consecuencias negativas a mediano plazo, perjudicando tanto a consumidores como a los propios productores.
Por ello consideramos importantes las recientes declaraciones del exministro de Agricultura José León, quien ha planteado una visión más técnica y realista de la crisis. León descarta que exista una sobreproducción nacional de arroz. Según explica, lo que ocurre actualmente es una “sobreoferta estacional”, producto de la coincidencia de cosechas en regiones como el norte del país y San Martín durante los últimos meses. Esa concentración temporal de producción ha saturado el mercado y reducido drásticamente el precio pagado al agricultor.
El problema central, según el exministro, estaría en el poder que ejercen los grandes molineros en determinadas zonas productoras. Al ser prácticamente los únicos compradores importantes, terminan imponiendo precios extremadamente bajos a los agricultores, quienes hoy venden el kilo de arroz en cáscara entre 60 y 70 céntimos, muchas veces por debajo de sus costos de producción.
En ese punto, José León tiene razón al solicitar la intervención de Indecopi. No para fijar precios artificialmente, sino para investigar si existen prácticas abusivas o mecanismos de control indebido del mercado por parte de la industria molinera. Si hay concertación de precios, abuso de posición dominante o manipulación del mercado, corresponde que las autoridades actúen con firmeza para proteger la libre competencia y evitar perjuicios a miles de productores.
El verdadero desafío del agro peruano no se resuelve con medidas populistas ni con subsidios temporales. Se necesita una política agraria moderna que permita a los agricultores mejorar su rentabilidad y reducir su vulnerabilidad frente a las variaciones estacionales del mercado. En ese sentido, León plantea una alternativa importante: la construcción de silos y sistemas de almacenamiento que permitan conservar la cosecha y comercializarla gradualmente durante el año, evitando la saturación temporal que hoy hunde los precios.
También es evidente la ausencia de propuestas concretas por parte de los actores políticos. Mucho discurso y pocas soluciones reales para un sector que sigue siendo uno de los más golpeados y olvidados del país.
La crisis arrocera debe servir para abrir un debate serio sobre el futuro del agro peruano. La solución no pasa por controlar precios, sino por garantizar mercados transparentes, combatir posibles abusos y promover inversiones que permitan al productor competir en mejores condiciones.