Por: Walter Miguel Quito Revello
Cada proceso electoral en el Perú parece repetir la misma historia. Las encuestadoras anuncian favoritos, los grandes medios construyen narrativas y los analistas hablan como si el resultado ya estuviera decidido. Ocurrió una y otra vez con Keiko Fujimori. Durante meses se le presentó como la candidata con mayores posibilidades de triunfo. Sin embargo, cuando llegaron las urnas, los resultados fueron distintos a los que se habían anunciado. Entonces apareció la explicación de siempre: el voto indeciso decidió la elección en los últimos días. Pero quizás la explicación sea otra. Quizás el problema no estaba en los indecisos, sino en quienes observan el país desde Lima sin comprender lo que ocurre en las provincias.
Hoy volvemos a escuchar promesas. Se habla de programas sociales, bonos y ayudas económicas. Sin embargo, poco se escucha sobre industrialización, desarrollo productivo, investigación científica, tecnología o generación de valor agregado. Los programas sociales pueden aliviar necesidades inmediatas, pero no transforman estructuralmente una economía ni crean prosperidad duradera. Además, quienes hoy prometen estas medidas tuvieron oportunidades de impulsar cambios importantes desde el Congreso cuando contaban con una amplia mayoría parlamentaria. No lo hicieron. Por eso resulta legítimo preguntarse por qué los ciudadanos deberían creer que ahora sí ocurrirá.
Por otro lado, Sánchez NO ofrecen demasiadas certezas. Mucho evitan explicar con claridad qué modelo de país propone. Hablan en términos generales, evade los temas incómodos y parecen más preocupados por ganar votos que por exponer sus verdaderas convicciones. Y aun suponiendo que llegue al poder con voluntad de cambio, surge una pregunta inevitable: ¿podrá gobernar? La experiencia reciente no invita al optimismo. Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Pedro Castillo terminaron enfrentados a un sistema político donde el conflicto permanente parece haberse convertido en una forma de gobierno. Hoy todo indica que el próximo presidente tendrá nuevamente enfrente un Congreso y una Cámara de Diputados al servicio de los fujimoristas.
Mientras tanto, el discurso dominante continúa girando alrededor de la estabilidad económica y la seguridad jurídica. Conceptos importantes, sin duda. Pero muchas veces utilizados para justificar que nada cambie, para garantizar que los mismos intereses económicos continúen administrando el país bajo las mismas reglas de siempre. Y mientras en Lima se discuten encuestas, alianzas y estrategias electorales, las provincias continúan esperando respuestas: ¿Quién resolverá el estancamiento del puerto de Chimbote?, ¿Quién impulsará de una vez el proyecto Chinecas?, ¿Quién atenderá la crisis de nuestros hospitales?, ¿Quién pensará en el desarrollo integral de la provincia del Santa y de toda la costa ancashina?, ¿Quién defenderá nuestros recursos naturales y garantizará que generen riqueza para nuestra población?, ¿Quién llevará internet de calidad a los pueblos alejados de Macate, Moro o Cáceres del Perú? Pero también hay preguntas más simples y más humanas. ¿Quién llevará abrigo a los niños de Cashapampa cuando el frío castiga las alturas?, ¿Quién atenderá a los ancianos de los caseríos más alejados de Macate, donde muchas veces el Estado llega tarde o simplemente no llega?, ¿Quién garantizará que un niño nacido en la sierra de nuestra provincia tenga las mismas oportunidades que uno nacido en los distritos más favorecidos de Lima?
Porque el desarrollo no puede medirse únicamente en cifras macroeconómicas ni en indicadores que se anuncian en conferencias de prensa. El verdadero desarrollo se mide en la calidad de vida de las personas. En el agricultor que tiene acceso al agua. En el estudiante que puede conectarse a internet. En la madre que encuentra atención médica digna. En el anciano que no enfrenta el abandono y el frío en soledad. Y hay una pregunta adicional que rara vez aparece en los debates electorales, quizá porque resulta demasiado incómoda para quienes se benefician del sistema actual. ¿Quién limpiará realmente el Poder Judicial y el Ministerio Público?, ¿Quién garantizará una verdadera independencia de jueces y fiscales frente a las presiones políticas y económicas?
Durante años hemos visto cómo instituciones que deberían inspirar confianza terminan atrapadas en disputas partidarias, filtraciones interesadas, enfrentamientos de poder y decisiones que generan más dudas que certezas. La consecuencia ha sido devastadora: una ciudadanía que cada vez cree menos en la justicia. El país necesita una reforma profunda que castigue severamente la utilización política de la administración de justicia. Porque cuando fiscales o jueces actúan al servicio de intereses ajenos a la ley, no solo perjudican a personas concretas; debilitan la democracia y erosionan la confianza pública en las instituciones. Sin justicia independiente no existe desarrollo sostenible. Sin instituciones confiables no existe inversión segura. Sin respeto al Estado de derecho no existe verdadera democracia. Sin embargo, nada de esto parece ocupar un lugar central en la campaña electoral.
Por eso la verdadera incertidumbre no consiste en saber quién ganará las próximas elecciones. La verdadera incertidumbre consiste en saber si alguien tendrá el valor de enfrentar los problemas reales del país o si volveremos a presenciar una disputa por el poder mientras las provincias continúan esperando. Porque mientras los candidatos hablan de porcentajes, las provincias hablan de hospitales, agua, carreteras, empleo, educación y justicia. Mientras los medios discuten encuestas, nuestros pueblos siguen esperando desarrollo. Y mientras Lima debate quién administrará el país, millones de peruanos siguen preguntándose quién gobernará finalmente para ellos.