La preocupación expresada por los agricultores y pobladores de Vinzos Pueblo frente a la construcción de un dique de rocas en el cauce del río Santa merece una atención inmediata de las autoridades competentes. No se trata de una simple discrepancia sobre una obra de defensa ribereña, sino de una advertencia formulada por quienes conocen de cerca el comportamiento del río y conviven diariamente con los riesgos que este representa durante las temporadas de crecida.
El río Santa no es ajeno a la polémica. A lo largo de los años, diversas intervenciones en su cauce han generado controversias debido a los posibles impactos que pueden ocasionar aguas arriba y aguas abajo. En esta oportunidad, el cuestionamiento surge porque la estructura se viene ejecutando prácticamente en medio del cauce, situación que, según los agricultores de Vinzos, podría modificar el comportamiento natural de las corrientes y dirigir el caudal hacia la margen ancashina durante los periodos de lluvias intensas.
Más allá de si los temores de la población resultan finalmente fundados o no desde el punto de vista técnico, lo cierto es que la inquietud ciudadana debe ser atendida con responsabilidad y transparencia. Las obras hidráulicas no pueden evaluarse únicamente desde la perspectiva de proteger un sector determinado si existe la posibilidad de trasladar el riesgo hacia otras comunidades. El principio fundamental de una intervención de esta naturaleza es reducir vulnerabilidades, no desplazarlas de un territorio a otro.
Resulta comprensible que Agro Rural y la Municipalidad Distrital de Chao busquen proteger áreas expuestas a la erosión o a los desbordes. Sin embargo, cuando una obra genera dudas entre los habitantes de la margen opuesta, corresponde a las entidades técnicas demostrar, mediante estudios claros y verificables, que no existirán consecuencias negativas para terceros. La confianza de la población no se construye con autorizaciones administrativas, sino con información transparente y participación ciudadana.
En este escenario, la actuación de la Autoridad Nacional del Agua y de la Administración Local de Agua Huarmey-Chicama es fundamental. Son estas instituciones las llamadas a realizar una evaluación objetiva e independiente de los trabajos en ejecución. Su función no debe limitarse a verificar el cumplimiento de documentos o fichas técnicas, sino a garantizar que la intervención responda a criterios de seguridad hidráulica y protección integral de las poblaciones asentadas en ambas márgenes del río.
La situación adquiere una mayor relevancia si se considera que la zona ya enfrenta problemas de erosión que afectan la carretera de penetración hacia Chuquicara y otros pueblos de la sierra. Cualquier alteración del comportamiento del río podría agravar una problemática que actualmente preocupa a los habitantes del sector.
Los llamados de alerta provenientes de Vinzos no deben ser desoídos. La experiencia demuestra que muchas emergencias pudieron evitarse si las observaciones de la población hubieran sido escuchadas oportunamente. Corresponde ahora a las autoridades técnicas actuar con rapidez, realizar las inspecciones necesarias y brindar explicaciones claras a la ciudadanía. Cuando está en juego la seguridad de tierras agrícolas, viviendas e infraestructura pública, la prevención siempre debe prevalecer sobre la improvisación.