Por: Prysyla Stheffany Flores Matienzo
Abogada – Docente
Universitaria – Especialista Legal en Gestión Pública y Derecho Administrativo
Hablar de Chimbote es hablar inevitablemente de pesca. Durante décadas, esta actividad no solo impulsó el crecimiento económico de la ciudad, sino que también definió gran parte de su identidad social y productiva. Sin embargo, hoy la pesca atraviesa una de las etapas más complejas de los últimos años, marcada por la presión sobre los recursos hidrobiológicos, el crecimiento de la informalidad y las debilidades en el control estatal.
La problemática ya no puede analizarse únicamente desde una perspectiva económica. Nos encontramos frente a un desafío jurídico, ambiental y de gestión pública que compromete directamente la sostenibilidad de uno de los sectores más importantes del país.
En los últimos meses, las alertas sobre la captura de especies juveniles, las restricciones temporales y la preocupación de pescadores y empresarios han evidenciado un escenario crítico. La sobreexplotación de recursos marinos no solo pone en riesgo la producción futura, sino también miles de empleos que dependen directamente de la actividad pesquera en Chimbote y toda la región.
El derecho administrativo moderno establece que el Estado tiene la obligación de garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. No se trata únicamente de fiscalizar o sancionar, sino de administrar adecuadamente recursos que pertenecen a toda la nación.
Sin embargo, en la práctica, el sistema de control enfrenta serias limitaciones.
La fiscalización insuficiente, la informalidad en determinadas actividades extractivas y la débil capacidad operativa de algunas entidades estatales generan un escenario donde muchas veces las medidas de control llegan tarde. Cuando ello ocurre, el daño ambiental y económico ya resulta difícil de revertir.
La situación se vuelve aún más delicada debido a la tensión permanente entre sostenibilidad y presión económica. En contextos de crisis laboral y desaceleración económica, resulta comprensible que diversos sectores busquen mantener niveles de producción. No obstante, sacrificar la sostenibilidad del recurso por resultados inmediatos solo profundiza el problema hacia el futuro.
Capturar indiscriminadamente especies juveniles equivale, en términos prácticos, a comprometer la continuidad misma de la actividad pesquera.
En este contexto, el rol de entidades técnicas como IMARPE adquiere especial relevancia. Las decisiones públicas relacionadas con vedas, cuotas y restricciones deben sustentarse estrictamente en evidencia científica y no en presiones políticas o intereses coyunturales.
La seguridad jurídica también depende de la estabilidad técnica de las decisiones administrativas.
Asimismo, el Estado debe comprender que la sostenibilidad no puede construirse únicamente desde la sanción. Resulta indispensable fortalecer programas de formalización, modernización tecnológica y capacitación para pescadores artesanales y actores vinculados al sector.
La informalidad no se combate únicamente con fiscalización; también se enfrenta creando condiciones reales para la formalización y el desarrollo económico sostenible.
Chimbote no puede permitirse repetir errores del pasado. La historia pesquera del país demuestra que cuando el control estatal falla y la explotación indiscriminada prevalece, las consecuencias terminan afectando no solo al ecosistema marino, sino también a toda la economía regional.
La defensa de la pesca sostenible no debe entenderse como un obstáculo para el crecimiento económico, sino como la única garantía de continuidad para miles de familias que dependen directamente de esta actividad.
Porque proteger el recurso pesquero no es frenar el desarrollo.
Es evitar que el futuro de Chimbote termine agotándose junto con el mar.