Por: Jorge Godenzi Alegre
Este domingo el Perú enfrenta una encrucijada histórica. En las urnas no solo se elegirá a un presidente, sino también el modelo de desarrollo que definirá el rumbo económico del país. La alternativa es clara: apostar por la disciplina fiscal, la eficiencia del gasto público, el respeto a la propiedad privada, la atracción de inversión extranjera, la libertad empresarial y el libre comercio; o arriesgarse a fórmulas que, en la región, han demostrado su potencial para erosionar instituciones y precipitar crisis sociales.
La memoria colectiva recuerda la década de 1980 cuando el populismo fiscal disparó el gasto sin respaldo productivo. El resultado fue devastador, inflación descontrolada y pobreza creciente. Más recientemente, las experiencias de Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Colombia y Argentina bajo los Kirchner confirman que las -políticas populistas tienden a socavar la estabilidad y a comprometer el futuro de millones.
La elección de este 7 de junio reviste un carácter decisivo. No se trata de un matiz político, sino de una definición de rumbo económico e institucional. Keiko Fujimori y su equipo representan la continuidad de un modelo que, con sus virtudes y limitaciones, ha sostenido tres décadas de crecimiento, apertura comercial y estabilidad macroeconómica. Ese proceso ha posicionado al Perú como una de las economías más dinámicas y sólidas de la región.
En contraste, Roberto Sánchez llega con un trasfondo ideológico que genera inquietud. Su propuesta inicial, bajo la plataforma de Juntos por el Perú se inscribía en la izquierda democrática pero incorporaba referencias al “socialismo andino amazónico”, una variante discursiva del socialismo del siglo XXI. Aunque en segunda vuelta ha moderado su mensaje la insistencia en reformas constitucionales y cambios estructurales despierta dudas sobre la consistencia de su proyecto.
La historia latinoamericana ofrece advertencias claras. Venezuela enfrenta un colapso económico; Argentina permanece atrapada en crisis recurrentes; Bolivia y Ecuador exhiben economías debilitadas; Colombia padece los efectos de -políticas que desalentaron la inversión. No son opiniones, más bien son evidencias empíricas de cómo el estatismo intervencionista termina por debilitar la confianza institucional y la libertad económica.
El progreso sostenido, fundamentado en la inversión privada y la apertura de los mercados ha demostrado ser el mecanismo más eficaz para reducir la pobreza y ampliar las oportunidades. Cuando los Estados intentan reemplazar al mercado, los resultados suelen repetirse: mayor pobreza, menos oportunidades y la fuga tanto de inversores externos como de capital humano.
El voto de este domingo trasciende lo individual. Es un compromiso con el futuro colectivo. Lo que está en juego es la posibilidad de seguir construyendo un país con instituciones sólidas, una economía fortalecida, oportunidades reales y un horizonte de esperanza. La disyuntiva es entonces clara: estabilidad económica frente al populismo fiscal, democracia institucional frente al estatismo intervencionista.
El Perú ya ha experimentado las consecuencias de la improvisación y esa memoria colectiva nos recuerda que cada decisión política es en esencia una elección sobre el destino. Esta vez, lo que se decide no es solo un rumbo económico o institucional, sino la forma en que concebimos nuestra propia existencia como nación. Si abrazamos la madurez cívica que conduce a la prosperidad o si reincidimos en los errores que han condenado a otros pueblos. En el fondo, la elección es un espejo que nos obliga a preguntarnos quiénes queremos ser y qué legado estamos dispuestos a dejar.