Por: Dr(c) Miguel Koo Vargas
Comunicador y profesor de posgrado
Los resultados de esta segunda vuelta dejan una fotografía inquietante. Nuevamente vemos un país partido en dos. Partido por una diferencia mucho más profunda, la forma en que entendemos el progreso.
Al cierre de esta columna, la diferencia entre ambos candidatos es mínima. Apenas unos miles de votos separan a uno del otro. Un resultado tan ajustado que obliga a la prudencia. Pero también tan revelador que merece una reflexión de fondo.
Porque más allá de quién termine ocupando el sillón presidencial, casi la mitad de los peruanos decidió respaldar propuestas que, en cualquier economía seria, habrían encendido todas las alarmas.
Durante la campaña escuchamos de todo. Desde el ingreso libre a las universidades hasta fórmulas estatistas que el Perú ya probó en el pasado con resultados que aún permanecen en la memoria colectiva. Ideas que suenan atractivas en un mitin, pero que suelen desmoronarse cuando llega el momento de financiarlas, ejecutarlas y sostenerlas en el tiempo.
La prosperidad no se decreta. No aparece por ley. No se imprime desde un ministerio.
Sin embargo, cada cierto tiempo reaparece la tentación populista, disfrazada de justicia social, ofreciendo soluciones simples para problemas complejos. Es el viejo truco político de prometer más de lo que se puede cumplir y cobrar la factura después.
Y aquí es donde aparece una realidad incómoda. Esto no se trata de despreciar a quienes votaron por Roberto Sánchez. Muchos lo hicieron movidos por frustraciones legítimas, por la sensación de abandono o por la percepción de que el crecimiento económico no mejoró sus vidas. Esas preocupaciones son reales y merecen atención.
Pero comprender las razones de un voto no significa aceptar cualquier propuesta como solución.
El problema del Perú no es que tenga demasiada libertad económica. El problema es que durante décadas hemos sido incapaces de transformar crecimiento en oportunidades suficientes para todos. La respuesta no es destruir lo que funciona. La respuesta es corregir lo que no funciona.
Por eso preocupa que millones de ciudadanos sigan viendo en el Estado una especie de proveedor infinito de soluciones, recursos y beneficios. Como si bastara una firma presidencial para multiplicar universidades, empleos, hospitales o riqueza.
La experiencia internacional demuestra exactamente lo contrario. Los países que derrotaron la pobreza no lo hicieron repartiendo riqueza que no existía. Lo hicieron creando condiciones para producirla.
Pero hay otro aspecto que merece atención.
Si Roberto Sánchez termina llegando a Palacio de Gobierno, comenzará una etapa que los peruanos conocemos demasiado bien: la presión por cobrar favores políticos.
Ministerios, viceministerios, empresas públicas, programas sociales, direcciones generales y organismos estatales pueden convertirse en espacios donde algunos pretendan encontrar la recompensa por su apoyo electoral.
La pregunta será inevitable: ¿primará la meritocracia o la devolución de favores?
La historia política del Perú demuestra que muchos gobiernos no empiezan a deteriorarse por una gran decisión equivocada del presidente. Empiezan a deteriorarse por cientos de pequeños nombramientos realizados para satisfacer cuotas, compromisos y lealtades.
El verdadero mensaje que deja esta elección no es quién ganó o quién perdió. El mensaje es que existe una enorme cantidad de peruanos desencantados y vulnerables a discursos populistas. Ignorar esa realidad sería tan peligroso como abrazarla.
Porque el populismo no es un camino hacia el progreso. Es, muchas veces, el atajo que termina destruyéndolo. Y los atajos, en política y en economía, suelen salir muy caros.