Por: Walter Miguel Quito Revello
Mientras el país se encuentra concentrado en los resultados de las elecciones generales, en las disputas políticas, en las alianzas de último minuto y en el futuro inmediato del Perú, en Áncash ocurre algo mucho más silencioso, pero profundamente revelador: el deterioro progresivo de sus instituciones públicas.
Lejos del ruido nacional, lejos de los debates mediáticos, existe una realidad concreta que viven a diario los agricultores de la costa ancashina, y que expone con crudeza el estado de la gestión regional.
El pasado 1 de junio acudí a la Agencia Agraria para realizar un trámite en representación de un cliente. Lo que encontré no fue una simple oficina con limitaciones administrativas. Fue una institución que refleja abandono, desorden y ausencia de dirección. Infraestructura deteriorada, espacios insuficientes para la atención del público y condiciones mínimas que no corresponden a una entidad pública en pleno siglo XXI. Pero lo más grave no es lo visible a simple vista. Lo verdaderamente alarmante es que la Agencia Agraria no cuenta con servicio de internet. Sí, en pleno 2026. Y esto no es un detalle menor. Es una radiografía del estado real de la gestión pública en el sector agrario regional.
El internet no es un lujo. No es un accesorio administrativo. Es una herramienta básica de funcionamiento estatal. Sin internet no hay interoperabilidad, no hay gestión eficiente de expedientes, no hay coordinación entre oficinas, no hay acceso a información técnica ni posibilidad de agilizar trámites. Una institución pública sin internet no es una institución rezagada. Es una institución prácticamente paralizada.
Mientras otras regiones avanzan en digitalización, modernización de procesos y gestión electrónica del Estado, en Áncash todavía existen oficinas del sector agrario que operan como si el tiempo se hubiera detenido hace décadas. Y lo más grave es que esto no genera escándalo, no genera reacción, no genera corrección. Se ha normalizado el atraso.
Pero el problema no termina allí. La visita a la Agencia Agraria deja en evidencia otro problema estructural aún más profundo: la excesiva concentración de decisiones en Huaraz. Durante años se habló del centralismo limeño como el gran obstáculo del desarrollo regional. Se prometió descentralización, autonomía y acercamiento del Estado al ciudadano. Sin embargo, en la práctica, lo que ha ocurrido en Áncash es simplemente un cambio de centro de poder. Antes todo dependía de Lima. Ahora todo depende de Huaraz.
Las agencias agrarias de la costa han sido reducidas a oficinas con funciones limitadas, sin capacidad real de resolver los problemas de los agricultores. Los expedientes no se resuelven en el territorio. Se derivan. Se postergan. Se centralizan nuevamente. El agricultor, en lugar de encontrar soluciones en su provincia, se ve obligado a viajar, gastar tiempo, dinero y jornadas de trabajo para trámites que deberían resolverse localmente. Eso no es descentralización. Es burocracia maquillada.
La Agencia Agraria debería ser una institución estratégica de primera línea para el desarrollo del agro. Debería tener capacidad real para intervenir en la formalización de la propiedad rural, en la gestión de conflictos por tierras, en la asistencia técnica permanente y en la articulación de políticas agrarias en el territorio. Pero hoy no ocurre eso. Hoy tenemos oficinas debilitadas, con recursos insuficientes, sin herramientas tecnológicas básicas y con competencias reducidas que las convierten en simples mesas de trámite. Y aquí surge la contradicción más grave: se habla de desarrollo agrario, pero no se garantiza ni lo más elemental para que ese desarrollo exista. ¿Cómo puede hablarse de modernización si una agencia agraria no tiene internet? ¿Cómo puede hablarse de eficiencia si los trámites siguen dependiendo de traslados a Huaraz? ¿Cómo puede hablarse de descentralización si las decisiones siguen concentradas lejos del ciudadano?
Los agricultores de la costa ancashina enfrentan problemas reales y urgentes: acceso al agua, formalización de tierras, asistencia técnica, comercialización de productos y presión constante de un mercado cada vez más competitivo. Frente a ello, el Estado debería ser un aliado. Pero en muchos casos se convierte en un obstáculo más. Y eso no es responsabilidad de los trabajadores que hacen lo posible con los recursos que tienen. La responsabilidad es política. Es de gestión. Es de quienes conducen el aparato regional. Gobernar no es administrar la rutina ni sobrevivir a la inercia institucional. Gobernar es tomar decisiones que transformen la realidad. Es priorizar lo esencial. Es garantizar que las instituciones funcionen.
Cuando una Agencia Agraria no tiene internet, cuando no tiene capacidad de respuesta efectiva y cuando sigue subordinada a un centro de decisiones lejano, no estamos ante un problema técnico. Estamos ante un problema de conducción. Y es aquí donde la discusión deja de ser administrativa y se vuelve inevitablemente política. Porque si después de varios años de gestión una institución clave del sector agrario sigue en estas condiciones, la pregunta ya no puede ser evitada: ¿Estamos frente a una incapacidad de gestión para conducir el desarrollo agrario regional? No se trata de un ataque personal ni de una crítica ligera. Se trata de resultados concretos, visibles y verificables. Instituciones sin internet. Centralización excesiva.
Falta de autonomía operativa. Agricultores obligados a desplazarse por trámites básicos. Y un aparato público que no responde al ritmo que exige el desarrollo actual. Cuando un conjunto de hechos de esta naturaleza se acumula, la responsabilidad deja de ser abstracta. Y entonces surge la pregunta que inevitablemente debe hacerse en voz alta, sin rodeos y sin evasivas: Si una gestión regional no ha sido capaz de garantizar ni siquiera lo básico en una institución estratégica como la Agencia Agraria, si no ha podido descentralizar efectivamente sus funciones y si no ha logrado modernizar el servicio público agrario… ¿no sería legítimo preguntarse si el presidente regional debería considerar su renuncia por incapacidad de gestión?
Áncash no necesita discursos. No necesita explicaciones interminables. No necesita promesas repetidas. Necesita instituciones que funcionen. Y cuando eso no ocurre, el problema no es del ciudadano que lo señala. El problema es del poder que lo permite. Porque en el año 2026 una Agencia Agraria sin internet no representa únicamente una falla tecnológica. Representa el abandono de un sector estratégico, el fracaso de una forma de gestionar y el retraso de una región que sigue esperando el desarrollo que le prometieron.