La nueva paralización de la obra del Hospital El Progreso de Chimbote no solo representa un conflicto laboral entre trabajadores y una empresa contratista. Es, sobre todo, la evidencia de que un proyecto fundamental para la salud pública sigue atrapado en una cadena interminable de problemas, retrasos, cambios de contratistas y sobrecostos que hasta hoy nadie ha explicado de manera satisfactoria a la ciudadanía.
Desde esta tribuna no creemos en nadie. Ni en el Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis), ni en las empresas contratistas que han pasado por esta obra prometiendo eficiencia y resultados. Los hechos hablan por sí solos.
Han transcurrido exactamente cinco años desde que el proyecto empezó a tomar forma bajo la promesa de dotar a Chimbote de un moderno establecimiento de salud. Desde julio de 2021 hasta junio de 2026 han pasado 60 meses y los problemas continúan acumulándose. Lo que debía ser una obra emblemática se ha convertido en un ejemplo de cómo la falta de planificación, supervisión y responsabilidad puede perjudicar a toda una población.
En el año 2021, la inversión prevista era de aproximadamente 54 millones de soles. Sin embargo, la empresa china que inicialmente estuvo a cargo abandonó el proyecto y posteriormente se convocó un proceso para ejecutar el saldo de obra. Como resultado, el presupuesto prácticamente se duplicó hasta alcanzar los 111 millones de soles. Es decir, más del doble de lo que originalmente costaba.
La pregunta es inevitable: ¿qué ha ganado la población con ese incremento millonario? La respuesta parece ser desalentadora. A pesar del aumento presupuestal, la obra sigue enfrentando paralizaciones, controversias y retrasos que impiden su culminación.
Hoy los trabajadores de construcción civil denuncian que se les adeuda un mes de remuneraciones. Los ingenieros aseguran que existen retrasos de más de dos meses en el pago de sus salarios. Son acusaciones graves que afectan directamente a quienes hacen posible la ejecución de la obra. Ningún trabajador debería verse obligado a paralizar sus labores para exigir algo tan básico como el pago de su sueldo.
Pero también es preocupante el silencio de los responsables. Según denuncian los propios afectados, ni el gerente ni el residente de obra han ofrecido explicaciones claras sobre la situación. La ausencia de respuestas solo alimenta la desconfianza y genera incertidumbre sobre el verdadero estado financiero y administrativo del proyecto.
Mientras tanto, quienes terminan pagando las consecuencias son los ciudadanos. Cada día de paralización significa más demora para contar con un hospital que la provincia necesita con urgencia. Miles de pacientes continúan esperando una infraestructura moderna y servicios de salud adecuados.
Por ello, resulta indispensable la intervención de la Contraloría General de la República y de los organismos competentes para determinar qué está ocurriendo realmente en esta obra. La población tiene derecho a conocer por qué una inversión que pasó de 54 a 111 millones de soles sigue enfrentando los mismos problemas de siempre.
Cinco años después, las promesas ya no bastan. Lo que la ciudadanía exige son resultados, transparencia y responsabilidades. Porque cuando una obra pública duplica su costo y sigue paralizada, la confianza se agota y las explicaciones se vuelven una obligación.