Por: Prysyla Stheffany Flores Matienzo
Abogada – Docente
Universitaria – Especialista Legal en Gestión Pública y Derecho Administrativo
La reciente condena impuesta por el Juzgado Anticorrupción de la Corte Superior de Justicia del Santa a exfuncionarios de la Red de Salud Pacífico Sur por el pago de bienes que nunca fueron recibidos constituye mucho más que una noticia judicial. Se trata de un caso emblemático que refleja una de las principales amenazas para la administración pública peruana: la relajación de los controles en el manejo de los recursos del Estado.
Los hechos resultan especialmente graves. Según la información difundida, se autorizó el desembolso de fondos públicos para la adquisición de mobiliario sin que existiera evidencia real de recepción de los bienes. No había registros de ingreso al almacén, documentos de conformidad ni la documentación mínima exigida por la normativa administrativa y financiera del Estado.
Sin embargo, el pago fue realizado.
Esta situación obliga a reflexionar sobre una cuestión fundamental: ¿qué ocurre cuando los funcionarios públicos olvidan que administran recursos que pertenecen a todos los ciudadanos?
La respuesta jurídica es clara. La función pública no otorga privilegios, sino responsabilidades.
El ordenamiento jurídico peruano establece que todo funcionario que interviene en la administración de recursos estatales tiene el deber de actuar bajo principios de legalidad, eficiencia, diligencia y responsabilidad. El manejo de fondos públicos exige verificar cada procedimiento y garantizar que el gasto responda efectivamente a una necesidad pública acreditada.
Por ello, ninguna entidad puede realizar pagos sustentándose únicamente en promesas, acuerdos verbales o la expectativa de que los documentos serán regularizados posteriormente.
La administración pública no funciona sobre actos de confianza personal; funciona sobre actos debidamente acreditados y documentados.
Desde la perspectiva del derecho administrativo, la existencia de sistemas como el SIAF, el SIGA, las certificaciones presupuestales y los mecanismos de control interno no constituye una simple formalidad burocrática. Estos instrumentos fueron diseñados precisamente para evitar que los recursos públicos sean utilizados sin respaldo técnico ni legal.
Cuando dichos controles son ignorados o manipulados, el riesgo ya no es únicamente administrativo.
Se convierte en un problema de responsabilidad funcional e incluso penal.
La sentencia emitida por el Poder Judicial envía un mensaje importante para toda la administración pública peruana: la negligencia en el manejo de recursos estatales también genera consecuencias jurídicas.
Durante muchos años, la ciudadanía ha observado numerosos casos donde las irregularidades administrativas parecían quedar impunes o diluidas entre procedimientos interminables. Sin embargo, decisiones judiciales como esta refuerzan el principio de que la función pública debe ejercerse con responsabilidad y sujeción estricta a la ley.
El caso también revela una realidad preocupante: la necesidad urgente de fortalecer la cultura de control dentro de las instituciones públicas.
La corrupción no siempre se manifiesta mediante grandes escándalos millonarios. En muchas ocasiones comienza cuando se normalizan pequeñas irregularidades, se flexibilizan procedimientos o se permite que los controles administrativos pierdan efectividad.
Por ello, resulta indispensable que las entidades públicas fortalezcan sus sistemas de supervisión, control interno y capacitación permanente de funcionarios.
La prevención sigue siendo más eficiente que la sanción.
En un país donde las necesidades sociales son enormes y los recursos públicos siempre resultan insuficientes, cada sol administrado por el Estado debe estar respaldado por criterios de legalidad, transparencia y responsabilidad.
Porque el dinero público no pertenece a los funcionarios de turno.
Pertenece a los ciudadanos que confían en que el Estado actuará con diligencia, honestidad y respeto por la ley.
Y cuando esa confianza es vulnerada, no solo se afecta el patrimonio estatal.
Se debilita la credibilidad misma de las instituciones públicas.